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sábado, 3 de septiembre de 2011

REMEDIOS PARA UNA CRISIS (V): PLAN DE CHOQUE.

En anteriores entradas del blog, hemos comentado que, aparte de una serie de medidas que habría que tomar en otros ámbitos (mercado laboral, política fiscal, sistema educativo, política de I+D…), para superar la crisis actual era absolutamente urgente y necesario afrontar dos tipos de medidas, centradas en un profundo ajuste del gasto público (http://eldedoeneldato.blogspot.com/2011/05/remedios-para-una-crisis-i-el-gasto.html) y en la reestructuración y saneamiento definitivos del sistema financiero (http://eldedoeneldato.blogspot.com/2011/07/remedios-para-una-crisis-iv-la.html).

Como también hemos indicado, la crisis que padecemos tiene un gran parecido con la experimentada por Japón desde principios de los 90, por lo que, a la luz de las circunstancias en que se desarrolló la misma, pueden obtenerse enseñanzas útiles sobre cómo afrontar los problemas actuales. En un informe del estratega del banco de inversiones japonés Nomura Richard Koo (http://csis.org/files/media/csis/events/090326_koo_presentation.pdf), al que ya hemos hecho referencia en anteriores ocasiones, se apuntaba al hecho de que en una crisis de sobreendeudamiento como fue aquella y como es esta que estamos viviendo, los agentes económicos priorizan minimizar su nivel de deuda, de forma que no afrontan nuevas operaciones de inversión. Ello realimenta el estancamiento económico y, a su vez, genera nuevas quiebras empresariales, nuevas operaciones fallidas en los bancos y nuevas interrupciones en el flujo normal de crédito, de forma que se origina un círculo vicioso del que no hay forma de escapar. Para romper dicho círculo, Richard Koo proponía la utilización por el Estado de estímulos fiscales que permitieran reactivar la demanda agregada y, con ella, la realización de operaciones por el sector privado:



GRAFICO RICHARD KOO SOBRE NECESIDAD ESTIMULO FISCAL


Fuente: Koo, Richard C. The Age of Balance Sheet Recessions: What Post-2008 U.S., Europe and China Can Learn from Japan 1990-2005



La gran paradoja es que, a pesar de los elevados déficit públicos en los que han incurrido la mayoría de las economías desarrolladas para paliar los efectos de la recesión, no sólo no han logrado superar la crisis, sino que han surgido problemas adicionales por el elevado nivel de deuda pública acumulada. La combinación de bajas tasas de crecimiento y fuerte endeudamiento público han acabado por provocar este mes de agosto la bajada del rating de la deuda de Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s (http://www.elmundo.es/america/2011/08/06/economia/1312590842.html) y una fuerte marejada en los mercados (http://www.cotizalia.com/noticias/2011/efecto-contagio-llega-francia-prima-salta-20110803-72056.html) que añaden nuevas incertidumbres a la recuperación económica.

El dilema, entonces, parece irresoluble. Si se eliminan los estímulos fiscales, la economía se estancará. Si no se eliminan, los estados irán a la bancarrota, con sus consiguientes efectos depresivos en la economía. Sin embargo, pienso que este dilema no existe.

Atendiendo al caso español, los datos muestran claramente que el déficit público ha servido, básicamente, para que las entidades financieras inviertan en deuda pública sus recursos disponibles, detrayéndolos de la financiación al sector privado. Es una muestra de lo que, en términos teóricos, se denomina efecto desplazamiento o efecto crowding out. Es decir, un aumento del gasto público no sirve para aumentar el volumen de producción de la economía sino que sólo desemboca en un mayor aumento del peso del sector público en detrimento del sector privado, sin efectos relevantes sobre el nivel de actividad. En el siguiente gráfico, extraído del Boletín Económico del Banco de España de Julio-Agosto de 2011, se aprecia nítidamente el fenómeno aludido:


GRAFICO FINANCIACION SECTORES NO FINANCIEROS

Fuente: Banco de España

Podemos ver que, aunque la financiación total concedida a los distintos sectores económicos manifiesta una clara tendencia a menores tasas de crecimiento desde el año 2008, esta menor disponibilidad crediticia no se ha repartido por igual entre todos los sectores. Mientras que, desde la segunda mitad de 2009, el crédito a hogares y empresas presenta tasas de crecimiento nulas o negativas, el crédito a las Administraciones Públicas llegó a crecer a finales de ese mismo año a una tasa del 36% y, aún ahora, sigue creciendo a una tasa del 16%. Es decir, hemos convertido al sistema económico en algo parecido al estómago de un rumiante, de forma que las facilidades de financiación que otorga el Banco Central Europeo a la banca sirven, en gran medida, para adquirir deuda pública en vez de para inyectar recursos al sector privado, por lo que un conjunto de recursos destinados, hipotéticamente, para estimular la economía, no hacen más que dar vueltas de unas entidades a otras, sin pasar por los agentes que sí podrían dar un impulso definitivo a la recuperación. De ahí que muchas medidas de impulso fiscal adoptadas no han dado lugar al resultado esperado.

Si se redujera el déficit público, los recursos destinados a su financiación quedarían libres para poder financiar a hogares y empresas, por lo que habría más posibilidades de que se retomara la senda del crecimiento económico. Quedarían, en pie, no obstante, los obstáculos apuntados por Richard Koo y que conducen al círculo vicioso que explica en su informe. Para removerlos, habría que adoptar un plan de choque que estimulase la inversión de hogares y empresas mediante medidas excepcionales de carácter provisional. Dichas medidas no deberían suponer un aumento del gasto público sino que, al contrario, deberían generar un aumento de los ingresos públicos como consecuencia del éxito de su aplicación.

Entre otras medidas, las que enumeramos a continuación podrían ser catalizadoras de dichas decisiones de inversión y, en consecuencia, podrían favorecer claramente la recuperación económica:

1.- Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social en un 100% por un año a las empresas por la contratación de trabajadores que se hallen en situación de desempleo.

2.- Bonificación del 100% por un año en las cuotas de la Seguridad Social para aquellas personas que decidan darse de alta como autónomos. 

3.- Exención del pago de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) para la creación de nuevas sociedades.

4.- Exención del pago del ITPAJD en aquellas hipotecas formalizadas con el fin de adquirir naves industriales o bienes de producción destinados a la instalación de nuevas actividades o a la ampliación de las ya existentes.

5.- Exención por 3 años del Impuesto de Actividades Económicas para todas las nuevas sociedades constituidas.

6.- Aplazamiento sin interés del pago del IVA (en el caso de adquisición de viviendas nuevas), o del ITPAJD (en caso de segunda o posterior transmisión de viviendas) para toda adquisición de inmuebles destinados a primera residencia. Dicho pago se iría efectuando en el plazo de 10 años. Para poder acceder a dicho aplazamiento de pago, la compraventa no podría ser financiada con una hipoteca cuyo porcentaje sobre valor de tasación superase el 80%.

Está claro que los trabajadores no contratados, las empresas no creadas o las inversiones no realizadas ni ayudan al dinamismo económico ni generan recursos para el Estado. Si se adoptasen medidas para favorecer dichos procesos, aunque no generasen recursos de forma directa e inmediata, sí ayudarían a aumentar los ingresos públicos de forma indirecta y a incrementarlos a medio plazo. Si, gracias a la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, se contratan trabajadores por parte de las empresas, aunque el sector público no recaude dinero en concepto de dichas cuotas, sí lo recaudará por las cuotas del trabajador y por las retenciones a cuenta del IRPF sobre sus ingresos. A su vez, este trabajador podrá aumentar sus gastos y, así, el Estado verá como aumenta su recaudación por IVA. Si alguien no encuentra empleo y la bonificación de sus cuotas de autónomo le ayuda a iniciar una actividad por cuenta propia, no pagará por este concepto, pero sí podrá empezar a generar actividad y producir ingresos al Estado vía IRPF o IVA. Este tipo de medidas sí son realmente efectivas y no las insostenibles partidas de gasto que (como el plan E) sólo han servido para estimular artificialmente la actividad y posponer el ajuste necesario a empresas ubicadas en sectores con necesidad de reestructuración en la creencia del carácter meramente coyuntural de la crisis.

En este contexto, las medidas que ha adoptado el Gobierno en los Consejos de Ministros del 19 de agosto (cuyo resumen pueden ver en el siguiente enlace: http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2011/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/19-08-11%20NP%20CM%20medidas%20fiscales.pdf) y 26 de agosto de 2011 (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/26/economia/1314362666.html?a=cc2e9d37b735b32149aaa07bd7327c04&t=1314372187&numero=) siguen marcadas, básicamente, por la ausencia de un diagnóstico certero de la situación y por la precipitación por atender urgencias de tesorería (tal es la precipitación que hasta se cometen flagrantes y groseras faltas de estilo en el primero de los documentos enlazados, a la hora de referirse a “las muy grandes empresas”, expresión más propia de cualquier traductor de internet que de un texto remitido por un Departamento del Gobierno y, además, a la hora de describir qué sociedades se ven afectadas por los cambios tributarios, aparte de destrozar la sintaxis, se han olvidado de indicar la unidad monetaria y hablan de empresas “con 20 o más millones de cifra de negocios” –se supone que quiere decir “20 millones de euros o más de cifra de negocios”-).

1.- Por un lado, en el primer Real Decreto Ley aprobado se adoptan medidas para reducir el gasto farmacéutico. Aunque no podemos entrar de lleno en la cuestión (que se inscribe en la dinámica de la sanidad pública, tema que daría para más de una entrada en el blog), sí cabe apuntar que el establecimiento de las mismas se ve empujada por la situación de las arcas públicas y no, por desgracia, por el impulso de una reforma sensata y bien diseñada de las prestaciones de salud. Nuevos problemas surgirán en esta área y, mientras las respuestas sólo sean parches improvisados, difícil será llegar a una solución estable y definitiva.

Las dos medidas de más impacto en la economía general se refieren a la reducción (hasta el 31 de diciembre de 2011) desde el 8 al 4% del IVA aplicable a la compra de viviendas nuevas y en aumentar los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades a aquellas empresas con volumen de negocio superior a 20 millones de euros y que estén obteniendo beneficios. Respecto a estas medidas, comentaría varios aspectos:

a.- El aumento de los pagos a cuenta es la típica medida de “pan para hoy y hambre para mañana”. No se trata de una subida de impuestos, sino de mayores anticipos del impuesto que las grandes empresas tendrían que pagar el próximo año. Es decir, se puede paliar un problema a corto plazo, pero para cuando se efectúe la liquidación del Impuesto de Sociedades en julio de 2012, los ingresos obtenidos serán menores, ya que parte de los pagos se habrán efectuado en octubre y diciembre de 2011. 

b.- Si una de las prioridades, según el análisis que hemos realizado de la crisis, es favorecer las decisiones de inversión de las empresas, una medida que supone, para un grupo importante de estas, una reducción de su tesorería no ayuda a facilitar las decisiones indicadas, sobre todo por el peso total de las grandes empresas en el conjunto de la inversión. Según los datos de la Encuesta Industrial de Empresas de 2007 (último año para los que hay datos completos), había en dicho sector 151.320 empresas, de las cuales el 84% (127.063) tenían menos de 20 trabajadores y el 16% (24.258) tenían 20 trabajadores o más. Si analizamos la cifra de inversiones en activos materiales, las empresas con 20 trabajadores o más realizaron el 87% del total del sector (24.465 millones de euros sobre 28.121 millones de euros). Según los datos de la Encuesta Anual de Servicios del año 2007, en dicho sector existían un total de 1.376.920 empresas, de las cuales el 98% (1.349.644) tenían menos de 20 trabajadores y el 2% (27.276) tenían 20 trabajadores o más. Dicho 2% concentraba el 48,14% del total de la inversión bruta en bienes materiales del total del sector servicios (30.548 millones de euros sobre 63.463). Si agregamos ambos sectores, las empresas de mayores dimensiones (de 20 o más trabajadores) representan el 60% de la inversión en bienes materiales (55.013 millones de euros sobre 91.584). En conclusión, la medida adoptada puede servir para cubrir urgencias fiscales pero no ayuda a estimular un factor relevante para conseguir la recuperación económica como es la inversión que pueden realizar las grandes empresas, las cuales tienen un peso importantísimo, según los datos que hemos mostrado, en la inversión empresarial total.

c.- En relación a la reducción del IVA para la adquisición de vivienda nueva, aparte de lo que comentó el periódico de internet EL CONFIDENCIAL sobre su carácter de medida que favorecía, básicamente, a la banca (http://www.elconfidencial.com/economia/2011/08/20/el-gobierno-echa-un-capote-a-la-banca-al-abaratar-la-adjudicacion-de-ladrillos-82959/) y de la observación generalizada sobre la marcha atrás que supone reducir la tasa aplicada después de que la misma fuera elevada hace algo más de un año (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/19/espana/1313754842.html), plantea una pregunta obvia: si se considera necesaria esta reducción para reducir el stock de viviendas sin vender, ¿por qué se limita dicha reducción al período que va hasta el 31 de diciembre de 2011? Según los últimos datos de INE sobre transmisión de viviendas, correspondientes al mes de junio (http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0611.pdf), el número de viviendas nuevas transmitidas en dicho mes fue de 13.926. Parece claro que, aunque se produjeran incrementos del orden del 100% en el número de transacciones efectuadas, el número de viviendas que se podrían vender en un período de 4 meses no parece suficiente para que se produjera una reducción sustancial del stock de viviendas sin vender. Por lo tanto, parece evidente que, para conseguir el objetivo propuesto, sería necesario el mantenimiento de la medida por un período de tiempo mayor. Adicionalmente, el impacto de esta medida se ve limitado por estar pendiente el saneamiento definitivo del sistema financiero (lo cual limita la posibilidad de financiación de las operaciones de compraventa que podrían surgir) y por no adoptar medidas paralelas en el sector de la vivienda de segunda mano, ya que el impuesto que se aplica a las compraventas de este tipo de viviendas (el ITPAJD, con un tipo impositivo del 8%) no se ha visto reducido. Hay que tener en cuenta que, en la mecánica de operaciones de compraventa de viviendas, muchas veces va asociada la venta de una vivienda a la compra de otra. Por ello, la ralentización en el mercado de viviendas de segunda mano no deja inmune al mercado de viviendas nuevas sino que lo acaba afectando con un menor nivel de operaciones. A finales de 2010, el tiempo medio de venta de una vivienda usada era en torno a 1 año (http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/plazo-medio-vender-casa-segunda-mano-ano/20101217cdscdsviv_1/), por lo que parece difícil que alguien que, en virtud de la reducción del tipo del IVA, decida vender su vivienda actual y comprar una nueva tenga tiempo hasta el 31 de diciembre para materializar ambas operaciones. En resumen, esta medida creo que es interesante pero, para su éxito, tendría que ir acompañada del saneamiento definitivo del sistema financiero, de la prolongación del período de reducción del IVA y de una reducción equivalente en el ITPAJD aplicable a las compraventas de viviendas usadas.

2.- El segundo paquete de medidas aprobado se centra en el área de la legislación laboral, con la supresión provisional (por un período de 30 meses) del límite de dos años para la contratación temporal de un mismo trabajador. Con esta medida, se pretende por un lado que no vayan al desempleo personas que fueran a cumplir el límite de dos años de sucesión de contratos temporales, hecho que afectaría a las arcas públicas vía concesión de prestaciones de desempleo. Las posibilidades de que, adicionalmente, se genere un efecto de creación neta de empleo son, más bien, limitadas. Asimismo, se reforma la regulación del contrato de formación y aprendizaje. Con ello, se busca estimular la creación de empleo juvenil, aunque ello es dudoso en función de todo el análisis que hemos estado realizando sobre las causas de la crisis y las posibles vías de salida.

4.- En general, se sigue sin asumir por parte de las autoridades (centrales, regionales y locales) que el problema real que existe es un sobredimensionamiento de los programas de gasto público. En el pasado, dichos programas han podido ser financiados gracias a los ingresos provenientes de una actividad económica artificialmente estimulada (sobre todo, provenientes del auge de la burbuja inmobiliaria). Estos ingresos ya no existen por lo que hay que actuar en consecuencia. Creo que los políticos han decidido cerrar los ojos ante esta realidad y piensan que no van a tener que afrontar las consecuencias de la misma. Pero cada vez está siendo más difícil colocar la deuda pública y llegará el momento en que el nivel de la misma será insostenible y, simultáneamente, no habrá expectativas de crecimiento económico, al no haber incidido en los aspectos esenciales para que el mismo se produzca. Frente a estos hechos, la actitud de los poderes públicos es la de ganar tiempo sin tocar los elementos fundamentales de la estructura de las administraciones, lo cual constituye un gravísimo error. El último intento para eludir esta realidad es la reforma constitucional planteada de forma inesperada y resuelta a toda velocidad para poder aprobarla antes del final de la legislatura (http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-08-26/asi-quedara-el-articulo-1276433530/). Hay que admitir que es positivo que se incluya un precepto constitucional para limitar el déficit público y el volumen posible de deuda pública. Sin embargo, la estricta aplicación de los límites que se establecerán en virtud de la reforma tendrá lugar a partir de 2020, por lo que la misma no va a generar efectos inmediatos.

En resumen, las medidas que se van adoptando siguen siendo claramente insuficientes para salir del bloqueo actual.

Para terminar esta serie que estamos realizando sobre las posibles medidas que se pueden tomar para recuperar el crecimiento económico, en la próxima entrada vamos a cambiar de enfoque y vamos a centrarnos en el cambio de mentalidad que todos los agentes económicos tenemos que asumir para adaptarnos a la nueva situación. Pero sí quiero adelantarles una primera idea: no sólo del Gobierno depende la solución a nuestros problemas.

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