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miércoles, 16 de noviembre de 2011

PROGRAMAS ELECTORALES 20-N (y 4): UPyD y CONCLUSIONES


Al igual que el de IU-LV, aunque en menor grado que este, el programa de UPyD también concreta y cuantifica en mayor medida que las propuestas de los partidos mayoritarios. Las principales medidas económicas que defiende podemos agruparlas en x apartados. En conjunto, se trata de un programa muy bien desarrollado, que pone énfasis en los elementos críticos que hay que afrontar:

A.- POLÍTICAS DE AHORRO DEL GASTO PÚBLICO SUPERFLUO Y ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES

* El objetivo es reducir en 42.000 millones € (4 % del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos:
a.- Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonó­micas y locales de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el mo­delo autonómico y devuelva al Estado las competencias de educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda España.
b.- Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspi­ren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.
c.- Normas comunes que limiten el número máximo y tamaño de unidades administrativas en las Comunidades Autónomas, es decir, de consejerías, parla­mentarios y personal de libre designación, así como los automóviles oficiales, dietas por representa­ción y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.
d.- Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de proponer su reforma, redimensionamiento, privatización o cierre.
e.- Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente, adaptándolas a otros posibles usos. Programa de evaluación de todas las infraestructuras existen­tes y futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio y de sostenibilidad energé­tica y medioambiental.

f.- Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que du­pliquen los del Estado.
g.- Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales, que tomen como referencia las remunera­ciones de los niveles correspondientes en la Administración General del Estado cuando realicen la misma función en cualquier administración.
h.- Reducción drástica (sobre un 80%) de los 5.000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, observatorios, sociedades mercan­tiles…) de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, estudiando en cada caso las posi­bilidades de recolocación de los trabajadores afectados.
i.- Establecer límites legales al crecimiento del gasto de todas las CCAA, de forma si­milar a los límites del déficit, con mecanismos de penalización en caso de incumplimien­to. Los límites de gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit, así como con los objetivos globales del país. Si el comportamiento presupues­tario autonómico provoca incumplir compromisos europeos que lleven aparejados san­ción, ésta se trasladará proporcionalmente a las Comunidades Autónomas responsables.
j.- Mecanismo de coordinación presupuestaria previa entre las Comunidades Autó­nomas y el Estado, equivalente al “semestre europeo” comunitario, para su supervisión por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.


B.- REFORMA FISCAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

* El programa también defiende un Plan integral de lucha contra el fraude fiscal. Dicho Plan incluiría: incremento de los medios de la Agencia Española de la Administración Tribu­taria (AEAT); campañas que conciencien a los ciudadanos contra el fraude fiscal; reforzar la coordinación entre la AEAT y las administraciones autonómicas, las haciendas forales y la hacienda navarra; reforma de la figura del delito fiscal, agravando las penalizaciones, alargando los plazos de prescripción y agilizando los procedimientos; prioridad en la inspección de los grandes focos de fraude fiscal
* Priorizar el recorte de los gastos superfluos y la lucha contra el fraude fiscal al re­querimiento de nuevas aportaciones fiscales de los ciudadanos, pues reducen el consu­mo de las familias y la inversión de las empresas alargando la crisis económica.
* Reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto. El incremento de la recaudación deberá lograrse ampliando la base del sistema fiscal y simplificándolo, de forma que la mayor parte de la carga no recaiga como ahora sobre los trabajadores por cuenta ajena, y aumente la aportación de las rentas del capital. El objetivo también debe ser favorecer el crecimiento y la equidad.
a.- Eliminar los privilegios fiscales concedidos a las SICAV.
b.- Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria: los gastos fiscales en el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA equivale anualmente en España al 4´4% del PIB. En opinión del programa, muchos obedecen a la acción de grupos de presión, no están justificados y resultan ineficaces o distorsionadores.
c.- El Impuesto del Patrimonio ha de reformarse para convertirlo en un tributo que grave las grandes fortunas, eliminando los numerosos mecanismos que hoy permiten la elusión fiscal. Deben de fijarse unos máximos y mínimos en los rasgos básicos del impuesto para toda España

d.- Las rentas del capital pasarán a tributar como los rendimientos del trabajo en el IRPF.
e. - Creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el Consumo de bienes y servi­cios de Lujo.
f.- Medidas destinadas a las pymes y autónomos:
1.-- La estimación objetiva en régimen de módulos se permitirá exclusivamente en las ventas realizadas por comercios minoristas a consumidores finales.
2.- Devengo del IVA cuando se cobra la factura en vez de cuando se emite.

C.- REFORMA LABORAL

* Reforma del mercado de trabajo en profundidad: todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas y empleos temporales justificados. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad. El nuevo modelo laboral permitirá a los nuevos trabajadores entrar en el mercado de trabajo como indefinidos con menor indemnización hasta con­vertirse en indefinidos con una indemnización alta, sin saltos bruscos. Esto aumentará la protección del trabajador medio e incentivará la formación dentro de la empresa.
* Implantación progresiva del derecho a conservar las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas.
* Reformar la negociación colectiva de modo que tenga en cuenta la situación indivi­dual de cada empresa, sobre todo en el caso de que ésta acredite atravesar dificultades severas. 
* Mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de parados, utili­zando los recursos liberados por el cese de las bonificaciones a la contratación indefinida. Establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficacia de los cursos de formación para desempleados.

* Mejorar los servicios públicos de empleo aumentando los recursos de que dispo­nen, evitando su fragmentación territorial y promoviendo la colaboración privada.
* Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios re­cursos progresivamente, hasta prescindir en un plazo estipulado de los presupuestos públicos.


D.- CREACIÓN DE EMPRESAS

* Eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas mediante la ventanilla única digital que permita realizar los trámites ante cualquier administración pública, reduciendo sustancialmente las cargas administrativas que soportan y el tiempo de constitución.

E.- MERCADO DE LA VIVIENDA

* Orientar todas las inversiones públicas en materia de vivienda hacia la vivienda de protección pública en alquiler sin opción a compra, fomentando la gestión privada de la actividad. El stock de viviendas sin vender puede emplearse para crear un parque de vivienda pública de protección oficial en alquiler. Se debe estudiar un procedimiento de opción a este tipo de viviendas y de revisión de la adjudicación a los beneficiarios en caso de incumplimiento posterior.
* Restablecimiento de la independencia de las empresas tasadoras de bienes in­muebles, elemento externo del control de garantías de los préstamos hipotecarios, me­diante la prohibición de participaciones empresariales de bancos o Cajas de Ahorros, y mediante el establecimiento de procesos de adjudicación libres de comisiones encubier­tas.
* Promover la rehabilitación de edificios y viviendas como forma de contribuir a la recuperación de la construcción residencial.
* Revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes.
* Estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régi­men de alquiler, mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión a los par­ticulares y promoviendo las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

* Apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para amortización del crédito.
* Modificar la legislación concursal con la finalidad de introducir restricciones al principio de la responsabilidad patrimonial universal en los procedimientos de insol­vencia de la persona física, siguiendo el modelo fresh start, existente en EEUU y tam­bién en algunos países europeos. En este sistema, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, el pasivo restante queda exonerado por decisión judicial sin consentimiento del acreedor, lo que, sin perjuicio de establecer las cautelas necesarias para evitar conductas fraudulentas, permite al deudor iniciar una nueva actividad social­mente productiva.
* Regular los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, de manera que tengan un límite máximo. Modificación de la fiscalidad que penaliza la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria.
* Extremar la vigilancia del Banco de España sobre las prácticas abusivas de bancos y cajas en los préstamos hipotecarios.

F.- NUEVAS TECNOLOGÍAS

* Despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, a fin de que el 20% de los puntos de conexión disponga en el año 2015 de una velocidad de 100 Mbps.
* Acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, alcanzado 30 Mbps antes de 2020. Con las soluciones tecnológicas más eficientes en función de su coste, y con las políticas oportu­nas para reducir las tarifas de conexión y los precios de los servicios hasta equipararlos al entorno europeo.
* Las Administraciones Públicas contribuirán al despliegue y sostenibilidad de las redes de alta o muy alta velocidad en las zonas menos rentables para la inversión pri­vada, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como: a) compensación al sector de las Telecomunicaciones de retornos obtenidos en las subastas del espectro radioeléc­trico (“dividendo digital”), y b) eliminación de la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación de RTVE, haciéndoles partícipes del coste del despliegue de nuevas redes de manera proporcional y equilibrada.
* Obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.
* Impulso a la Administración Electrónica favoreciendo la interconexión entre los sistemas de las Administraciones Públicas. Concentración de infraestructuras y recursos para reducir su solapamiento, simplificar los procedimientos y optimizar las plataformas de servicios.

* Promover el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas, especialmente en todos aquellos procesos donde el uso de sistemas bajo copyright suponga un coste al ciudadano en sus tratos con la Administración y el ejercicio de derechos fundamentales.
G.- EDUCACIÓN

* Atribución el Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. Impulso del bilingüismo con el inglés en el conjunto de España. Movilidad del profesorado en toda España en igualdad de condiciones y oportunidades.
* Incremento de la inversión en educación e investigación hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados, garantizado mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza.
* Reforma educativa orientada a combatir la altas tasas de fracaso y abandono es­colares y a mejorar los niveles de formación de los niños y jóvenes españoles. Las líneas maestras del modelo son:
a.- Atención continua y preferente a la enseñanza primaria, base del sistema educativo, que deberá revisarse con profundidad y rigor.

b.- Etapa secundaria con dos itinerarios básicos: bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y For­mación Profesional de calidad, que permita la obtención del Graduado en ESO y acceder a estudios superiores, con acceso desde los 14 años.
c.- Currículum más realista, con reducción del número de asignaturas y una planificación del aprendizaje basada en el trabajo global del alumno y no solo en las horas lectivas.
d.- Promoción de la cultura del esfuerzo. Establecimiento de criterios claros para la promoción de curso. Potenciación de la diversificación y el refuerzo, con programas específicos de apoyo, como alternativas a la repetición de curso.
e.- Evaluación continuada del sistema por medio de pruebas externas basadas en contenidos y competencias mínimos claramente detallados. Prioridad de los objetivos de instrucción. Proyecto curricular fijado por las autoridades educativas, salvo en centros con características especiales.
f.- Desarrollo y mejora de la red de centros públicos a fin de que la prestación del servicio público deje de depender de conciertos con entidades privadas.
g - Profesionalización de la gestión de los centros, basada en los principios de exigen­cia del cumplimiento de objetivos, iniciativa, competencia y transparencia de resultados. Atribución al Claustro de Profesores de algunas competencias actualmente atribuidas a los Consejos Escolares. Reducción radical de las obligaciones burocráticas del profesora­do, dotando a los centros de personal administrativo suficiente.
h.- La formación, selección y promoción del profesorado deberá basarse en la exce­lencia académica y la capacidad pedagógica. La formación y los sistemas de acceso a la profesión docente deben ser más exigentes.
* Revisión del modelo de Formación Profesional hacia un modelo dual de corres­ponsabilidad empresarial en la formación y aprendizaje. Optimización de la red pública de Formación Profesional mediante la fusión de centros y la creación de centros de referencia para cada familia profesional con los me­dios humanos, técnicos y financieros necesarios. Mayor autonomía de los centros de Formación Profesional para adaptar las titula­ciones a la demanda de las empresas de su entorno, potenciando las relaciones entre empresas y centros. Flexibilizar el acceso a los ciclos formativos integrando los distintos sistemas de Formación Profesional, posibilitando la convalidación de módulos para incentivar la per­manencia del alumno en el sistema educativo y haciendo posible la realización de una verdadera “carrera profesional”. Reorganizar los estudios de grado superior para poten­ciar su continuidad con los estudios universitarios. 
* Mayor integración del sistema universitario español para favorecer la movilidad de los estudiantes, introduciendo un catálogo nacional de titulaciones con directrices específicas para cada una.  Movilidad del profesorado, superando la endogamia. Reforma del sistema de selec­ción de profesorado y restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado. Estudio de la supresión o fusión de centros manifiestamente infrautilizados, y de la fusión de universidades públicas para obtener centros mejor dotados, más competi­tivos y mejor integrados en el ámbito nacional e internacional. Fomento de la investigación desvinculando las plantillas de los departamentos universitarios de las necesidades docentes. Incentivar la colaboración entre las universidades y las empresas, sin dejar por ello de impulsar la investigación básica.
* Devolución al Estado de las competencias relacionadas con la investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, para que España tenga un modelo común integrable en modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en materia de I+D+i.  Alcanzar un Pacto de Estado con un compromiso estable de inversión mínima en I+D+i del 2% del PIB para toda la legislatura, acorde con nuestro desarrollo económico e independiente de la coyuntura, para promover un cambio en el modelo productivo y permitir a los investigadores una carrera profesional estable y atractiva. Creación de Agencias únicas de Financiación y Evaluación independientes.
* Redefinir los ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de Innovación para moder­nizar el tejido industrial-empresarial, mejorar la eficiencia interna del sistema de I+D+i mediante la gestión por proyectos, y fomentar la creación de empresas privadas o mixtas con un alto contenido de I+D+i. Favorecer la creación de clusters de investigación con participación de centros públicos de investigación, universidades y empresas.
* Dar apoyo económico a las patentes que sean concedidas bien por la Oficina Espa­ñola de Patentes y Marcas o por la Oficina de Patentes Europea (European Patent Office) para su mantenimiento y ampliación.

Se trata, en resumen de un programa bien diseñado, que indica con claridad qué impuestos serían elevados, pero cuyo principal defecto es que no entra con suficiente profundidad en la cuestión del saneamiento del sector financiero, que es un factor clave para volver a la senda de la recuperación. Aparte hay otras críticas que realizar, pero que comparte con los programas de los restantes partidos.

* * *


Una vez revisados todos los programas, creo que merece la pena realizar varios comentarios sobre todos ellos:

1.- En contra de lo que suele ser opinión general, los partidos sí que desarrollan un conjunto amplio de propuestas que abarcan un gran abanico de cuestiones y que inciden, especialmente, en los factores relevantes. Otra cosa es que estas propuestas estén más o menos articuladas, que estén mejor o peor fundamentadas y que, a posteriori, la acción política esté mejor o peor dirigida, pero cualquier partido cuenta con una base programática mínima que si, en vez de considerarla como un dogma inamovible, se plantea como un punto de partida a confrontar sensatamente con la realidad, podrían dar lugar a una gestión correcta.

2.- En general, el gran problema es que las ofertas de los partidos recalcan las medidas que no suponen sacrificios y, las que sí lo pueden suponer a corto plazo, o no se mencionan o se obvian sin saber muy bien si los dirigentes no son conscientes de su necesidad o, sencillamente, no van a ser capaces de afrontarlas. En este punto, es donde reside uno de los males que nos aquejan. Si a la hora de las elecciones no se plantean con realismo las medidas que se van a aprobar (sean agradables o no), con posterioridad va a ser más difícil (o, incluso, imposible) aprobarlas.

3.- Es muy curioso que haya una serie de aspectos en que existe un amplio consenso sobre las medidas a adoptar y, sin embargo, no se han adoptado en el pasado. ¿Cómo es posible que, con la situación actual, se propongan medidas en las que todos coinciden y no se hayan ya aprobado por amplio consenso? Así, en materia de IVA, que las empresas no se vean obligadas a pagar por facturas no cobradas; en materia financiera, el apoyo a la dación en pago para la cancelación de las hipotecas problemáticas o el aumento de la transparencia de las condiciones de los productos bancarios: en materia de educación, la mejora en el aprendizaje del inglés; en materia de innovación, la mayor conexión entre empresas, universidades y centros de investigación… En todos estos puntos, que no generan motivos de fricción, ya se podría haber acordado una estrategia a medio plazo que estaría a salvo de cambios en el partido que estuviera en el poder. Con ello, saldríamos ganando todos los ciudadanos.

Tras este resumen de los programas de los principales partidos, sólo queda decir que la decisión final está en manos de los votantes. El próximo domingo, a partir de las 8 de la tarde, sabremos cuál ha sido la decisión.

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