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miércoles, 16 de noviembre de 2011

PROGRAMAS ELECTORALES PARA EL 20-N (3): IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES


El programa de IU-LV, más allá de las medidas concretas que propone, está enmarcado dentro de un propósito general que el programa define como “una revolución económica como base e inicio de una alternativa global al capitalismo” y que, en el plano político, se refleja en el postulado de que “necesitamos un cambio sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal cambio la izquierda le llama la III República”. Si nos ceñimos a las propuestas económicas que el programa incluye, llama la atención que, frente a PSOE y PP, sí cuantifica en mucha mayor medida las medidas que defiende (tanto en objetivos como en medios). Los ejes del programa económico se centran en los siguientes puntos:

A.- MÁXIMA PRIORIDAD PARA EL EMPLEO.

A.1.- Se propone para 2012, un Plan de Choque por el Empleo:

* Un Programa de empleos verdes que comprendería reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales (que supondría la creación de 300.000 empleos).
*  Un Programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales (200.000 empleos).
* Un Plan de Empleos Sociales, para asegurar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia y mejorar salud, educación (especialmente de 0 a 3 años) y determinados servicios de la Administración (170.000 empleos).
* Un Plan de Formación/Empleo para atender la situación de parados que hayan agotado sus prestaciones, en colaboración con los Ayuntamientos y combinando trabajo y formación. (300.000 empleos, incluidos 20.000 formadores).
* Reducir por Ley la Jornada Laboral a 35 horas (manteniendo igual retribución).La compensación de la reducción de jornada en las empresas y las Administraciones Públicas, generaría 400.000 puestos de trabajo, según sus estimaciones.
* Para ayudar a la pequeña y mediana empresa y trabajadores autónomos para crear el empleo compensatorio derivado de la disminución de la jornada laboral, se establecería una exención en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social por importe de 8.000 millones de euros.
* Aumento de la inversión pública creadora de empleo:
- Un Acuerdo-Marco con empresas de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.) (50.000 empleos).
- Un Plan de Inversión en infraestructuras de proximidad. (80.000 empleos)


A.2.  Plan de Ampliación por el Empleo 2013.

* Prorroga de los Programas de Plan de Choque que no hubieran podido cumplir sus objetivos por razón de tiempo:
- Mantenimiento forestal (70.000 empleos).
- Rehabilitación sostenible de viviendas (200.000 empleos).
- Plan de empleos sociales (50.000 empleos)
- Plan formación/empleo (150.000 empleos).
- Apoyo a la pyme para la contratación (400.000 empleos).
- Servicios básicos (20.000 empleos).
-  Infraestructuras de proximidad (30.000 empleos).

A.3. Plan de Ampliación por el Empleo 2014.
- Mantenimiento forestal (50.000 empleos).
- Plan de empleos sociales y públicos (50.000 empleos)
- Plan formación/empleo (150.000 empleos).
- Apoyo a la pyme para la contratación: (200.000 empleos)
- Infraestructuras de proximidad (130.000 empleos)

El coste teórico de este plan de empleo sería de 40.000 millones de euros a invertir principalmente durante 2012. Como por cada 1.000€ que se utilizan en un contrato de trabajo,
la Hacienda pública recuperaría casi el 60% (vía y, además, los bienes y servicios producidos  posibilitarían nuevos ingresos, las necesidades de financiación con efectos sobre el déficit y, por tanto, una vez descontados los ingresos fiscales producidos, se estiman en 2 puntos de PIB durante el primer año, que quedarían satisfactoriamente compensados por la reforma fiscal que se propone a continuación.

B.- REFORMA FISCAL

1.- Reforma del IRPF con los siguientes contenidos principales:
* Tributación igual de las rentas del trabajo y del capital para recuperar el carácter sintético del tributo, integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base, desapareciendo la distinción entre base liquidable general (tarifa progresiva) y del ahorro (dos
tipos fijos). Es decir, que todos los rendimientos (del trabajo y del capital) se acumulen y tributen en una tarifa progresiva.
* Establecer dos nuevos tramos en el IRPF:
- Para las declaraciones comprendidas entre 60.000 y 120.000 € de base liquidable con una elevación del tipo del 43 al 45%.
- Un último tramo para cuotas liquidas superiores a
120.000 € anuales con un tipo del 50%.
(Contribuyentes afectados:732,400 personas, el 3,96% de los declarantes)
* Traslado de todas las reducciones y deducciones a la cuota.
* Extender la exención de la obligación de declarar hasta el límite reglamentariamente establecido a todos los sujetos pasivos independientemente de que las rentas procedan de uno o varios pagadores, sustituyendo la autoliquidación por una declaración informativa donde consten los pagadores, la cantidad bruta percibida y las retenciones efectuadas, a efectos de control del fraude y la economía sumergida. Se trata de no penalizar precisamente a quienes son víctimas de contrataciones temporales y precarias.
* Limitar las declaraciones conjuntas.
* Eliminación de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
* Supresión de las ventajas fiscales de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

2. Reforma del Impuesto de Sociedades:
* Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre los beneficios de las entidades, sociedades e instituciones con una base imponible a partir de 1 millón de beneficios (aumento estimado de la recaudación: 14.000 millones de € adicionales/año).
* Reducción de las diferencias reales de tributación con el tipo efectivo de microempresas y pequeñas empresas
* Revisión y simplificación de las exenciones y bonificaciones del impuesto para elevar el tipo efectivo medio y favorecer a las pequeñas empresas y la inversión productiva y creadora de empleo. Incentivar la ‘cuota productiva’ (inversa de ventas/empleados), la ‘cuota de estabilidad laboral’ (empleo fijo/empleo total), la ‘cuota de jornada’ (inversa de horas totales/empleados) e incrementar para empresas sin empleados (según el programa, instrumentales financieras).
* Limitar los salarios máximos en el sector privado, considerando como gasto no deducibles en el impuesto de sociedades la parte de las retribuciones brutas que, por todos conceptos, de forma directa o indirecta, en especie o en metálico, superen los €90.000 anuales.

3.- Reforma del IVA
* Reducción del IVA al tipo superreducido (4%) para ciertos alimentos hoy no incluidos (resto de cereales y sus harinas, carnes y pescados frescos) y para compresas y pañales, tanto infantiles como para la tercer edad. También para el transporte público en vehículos a motor
de más de 8 plazas.
* Instar la aprobación de un IVA especial al 25% para bienes de consumo de lujo, y otras adquisiciones y gastos suntuarios. Dada la necesidad de la aprobación por parte de las autoridades europeas para esta medida, de forma provisional y hasta tanto exista esta aprobación se propone la creación de un Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios Suntuarios con una tarifa equivalente (7% por diferencia con el IVA normal aplicable).
* Desde el 1/12012, en el caso de empresas de reducida dimensión y trabajadores autónomos, el IVA se devengaría en el momento del cobro total o parcial de la factura.

4. Reforma del sistema de estimación por módulos
* Limitar el sistema de módulos a los 3 primeros años de la actividad, pasando a continuación a la estimación directa o estimación directa simplificada.
* Durante los dos primeros años de actividad, los módulos actuales estarían reducidos a un 50% y el tercer año a un 75%.
* Restauración del Impuesto de Patrimonio en los términos y tipos vigentes hasta 2007, hasta la Aprobación de un Impuesto Solidario sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.

5.- Restablecer el Impuesto de Sucesiones. Este impuesto, que grava las herencias ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de euros.

6.- Reforma del IBI.
* Supresión de la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica.
* IBI incrementado en un 100% para las viviendas vacías, consideradas desde que reciben la licencia de primera ocupación y según consumos de agua y electricidad.

9.- Presentación en el plazo máximo de un año de un Proyecto de Ley sobre financiación de las Haciendas Locales,  en la que se garantice la suficiencia financiera de los Ayuntamientos y otras entidades locales y se tengan en cuenta criterios medioambientales para fijar tributos.

10.- Adopción de un paquete de medidas de fiscalidad verde, destinadas a avanzar en el cumplimiento del principio de “quien contamina paga”.
• Eliminación de la exención sobre hidrocarburos para los vuelos domésticos peninsulares.
• Convergencia de la tributación por gasóleos y gasolinas.
• Deducciones en el impuesto de sociedades para ahorro de energía, agua y movilidad de los trabajadores.
• Deducción en el IRPF de los abonos de transporte público.
• Impuesto sobre bolsas de plástico, vertido e incineración de residuos.
• Impuesto sobre cambios de uso del suelo.


C.- LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE


A partir de los datos aportados por diversos estudios que fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país, el programa se plantea como objetivo reducir dicha cifra al entorno de la media europea (12%), lo cual representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB.

Las medidas para lograr este objetivo serían:

* Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales de PIB en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y 2015. Ello supondría un incremento de recaudación fiscal 6.600 millones de € y 3.300 millones de € de cotizaciones por año.

* Establecer un Plan Concreto con objetivos anuales cuantificados para combatir el fraude fiscal, centrándose especialmente en la evasión originada desde las grandes empresas y capitales, que ha sido fijado en 42.700 millones de € anuales con el objetivo de reducirlo en un 75% en el periodo de la legislatura. Duplicar la eficacia recaudatoria de la lucha contra el fraude en los restantes sujetos pasivos mediante la fijación de objetivos anuales.

* Reforma profunda de la AEAT, aumentando sus recursos materiales y humanos hasta converger en tres años con la media europea y cambiando sus procedimientos.

* Regeneración del tejido empresarial en que se aloja la economía sumergida, con programas de actuación que contribuyan a esa regeneración.

* Modificación de la legislación relativa a las SICAV, estableciendo como límite máximo de participación el 2% del capital para un solo poseedor y elevación al 5% del tipo de su tributación por Impuesto de Sociedades. Impulsar el acuerdo internacional necesario para que en el ámbito de la OCDE y de la UE el tipo nominal de los Fondos y Sociedades de Inversión se equipare al tipo general del Impuesto de Sociedades.

D.- PROPUESTAS PARA APOYAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS E IMPULSO A LA ECONOMÍA REAL

1. Un Programa Primer Trabajador para pequeña empresa y autónomo para subvencionar durante dos años la realización del primer contrato indefinido por parte de una empresa o autónomo actualmente sin trabajadores:
- 30% de la retribución bruta durante el primer año, hasta un máximo de 6.000 euros/año.
- 20% de la retribución bruta durante el segundo año, hasta un máximo de 4.000 euros/año.
A descontar de la liquidación del Impuesto de Sociedades, IVA o del IRPF, según el caso.
2. Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
- Se propone reservar, al menos, el 30% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.
- Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y el nivel de cualificación de la mano de obra adscrita al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.
3. Compensación a las pequeñas empresas y autónomos por nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el paso de la jornada de trabajo normal a 35 horas semanales.
4. Transposición inmediata de la Directiva del Parlamento  Europeo 2011/7/UE para reducir los plazos de pago de la Administración y las empresas privadas a sus proveedores a 30 días.
5. Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO. Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-SGR en 3 puntos para empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
6. Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y servicios, una vez pasado un límite de 30 días. La compensación se haría contra las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Administración General del Estado, de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos cedidos en las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales en el caso de los Ayuntamientos.
7. Exigir a las entidades financieras avaladas por el Gobierno un Programa de crédito a la pequeña empresa y autónomos equivalente en volumen de recursos a las cantidades avaladas y destinado a la inversión productiva.
8. Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las Sociedades de Garantías Recíprocas, en condiciones de interés preferentes.
9. Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y también para avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de en inversión productiva.
10. Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido total o parcialmente cobrada.
11. Revisión del sistema de módulos y limitación de la aplicación del mismo a los 2 primeros años de actividad de la empresa. Simplificación de la declaración por estimación directa.

E.- SISTEMA FINANCIERO.

E.1. INSTAURACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA.

1. Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema de Banca Pública, mediante la nacionalización de las mismas.
2. Recuperación de la Banca Pública Especializada (Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior); renacionalización de la Caja Postal de Ahorros y constitución a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de Agencias Públicas de Inversión en todas las CCAA bajo el modelo del Instituto Catalán de Finanzas;
3. Las ayudas recibidas por la Banca privada deben corresponderse con paquetes de capital de propiedad estatal, con todos sus derechos políticos y condicionados a un control más exigente de la operativa y los salarios de los ejecutivos. Prohibición de repartir dividendos y conceder bonos o cualquier otro tipo de complemento o estímulo retributivo a las instituciones financieras que estén recibiendo ayudas, avales o apoyos públicos.

E.2. REFORMA SISTEMA BANCARIO.

1. Reforma de la actual legislación en lo que se refiere a derechos de los impositores y clientes de las instituciones financieras para:
* Información completa, honesta y ajustada al nivel cultural y técnico de los contratantes de los distintos productos financieros.
* Desaparición de cualquier tipo de cláusula abusiva que pretenda desequilibrar el riesgo que ambas partes asumen en los negocios jurídicos.
* Desaparición de las cláusulas de limitación del aprovechamiento de los tipos de interés, con especial mención a las llamadas “cláusulas suelo”, “clips” y “swap”.

2. Colaboración con la Banca Social (Cooperativas de Crédito, Cajas Rurales democratizadas, secciones de crédito de las Cooperativas y banca cívica) y apoyo a la Banca Ética.


F.- RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

1. Control de los altos salarios en las Administraciones Públicas. Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Complementariamente:
• Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
• Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.
• Eliminación de los sueldos vitalicios a los políticos, prohibición por ley de la duplicidad de sueldos de los ex presidentes del Gobierno.
2. Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la jornada ordinaria. Estimulo incentivado económicamente para los empleados públicos del ahorro energético y en insumos.
3. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para:
* Limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos.
* Eliminar cualquier posibilidad de información privilegiada y acuerdos de proveedores para entorpecer la libre competencia.
* Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.
* Favorecer las pequeñas empresas, autónomos y cooperativas
* Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.
4. Un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:
* Centralización de los gastos de promoción, publicidad, etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
* Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.* Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
* Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores.
* Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados
de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado (IGE) como al Tribunal de Cuentas correspondiente.
* Inclusión de la evaluación de la calidad el gasto (incluidas subvenciones y otras ayudas) entre las competencias de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la eficiencia del mismo por la IGE y las homólogas de las CC.AA. y entes locales.
5. Reforma y potenciación de la Intervención General del Estado (IGE) y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. y entes locales para reforzar el control de la legalidad del gasto y de la adecuación de su finalidad y procedimientos. Revocar los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes de la Intervención.
6. Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.
7. Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria

G.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

1. Defensa de lo público y del papel de lo público en la economía. El Estado debe reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo. El Estado y otras formas de propiedad pública y democrática  debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. Se propone:
* Recuperar para el sector público empresas públicas privatizadas, especialmente en los sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transporte, soberanía alimentaria, correos, banca, ...
• Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.
• Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.
2. Se propone un cambio del modelo de relaciones laborales que es el rasgo más negativo del actual modelo productivo, mucho más que la especulación inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales sería la reforma empresarial y no la reforma laboral: penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Consideración  del pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo productivo, con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.
4. Derogación de la Reforma Laboral y recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Mejora de la calidad de la democracia sindical y del papel de las organizaciones sindicales.
5. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin disminución del salario mensual. Control y limitación de las horas extras. Racionalización de los horarios de trabajo.
6. Jubilación a los 60 años con plenos derechos económicos o tras 35 años cotizados. Recuperación de la jubilación a los 65 años y aplicación de un plan progresivo para alcanzar la jubilación a los 60 años en el marco temporal de la legislatura. Prestación máxima a los 35 años y período de cotización de 15 años. Mejora de las pensiones y reforzamiento de la sostenibilidad del sistema mediante medidas que conduzcan al incremento de sus ingresos por cotizaciones. Elevación de la pensión mínima hasta alcanzar 1.100/mes. Restituir el poder adquisitivo de los pensionistas.
7. Situar como orientación en la negociación colectiva la reducción del abanico salarial en las empresas sobre la base de la elevación de los salarios más bajos.
8. Elevación del salario mínimo a 1.100 /mes.
9. Eliminar los encadenamientos de contratos y los contratos de formación. Fomento de los contratos de relevo.
10. Apoyo al cooperativismo mediante medidas laborales, fiscales y de crédito. Consideración como de interés social de la empresa cooperativa en la que, al menos, el 80% de los trabajadores son socios cooperativistas con plenitud de derechos en la gestión y dirección de la cooperativa. Incluir en la formación secundaria y profesional la formación para el cooperativismo y la formación general de derechos de los trabajadores, del consumidor y del ciudadano.
11. Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones. Destope progresivo de las cotizaciones máximas para hacer más solidario el sistema
12. Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo. Impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato
para que sea el Estado el que abone las vacaciones.
13. Supresión de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro.
14. Fomentar la incorporación de la mujer a la población activa asalariada con el desarrollo de una batería de medidas que favorezcan esta entrada y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de las escuelas infantiles públicas; extensión de los
permisos de maternidad/paternidad; conciliación real de la vida familiar con la laboral...).
15. Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, dotándola de mayor presupuesto y plantilla al objeto de poder velar por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y reforzando, paran ello sus competencias como órgano supervisor y sancionador.
16. Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones al empresariado, reduciéndolas a políticas de estímulo del empleo siempre y cuando se utilice un procedimiento de evaluación de sus resultados.
17. Priorización de sectores productivos:
• Considerar como sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Agricultura desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización
y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
• Los sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público. Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
• Los sectores de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles.

H.- MERCADO DE VIVIENDA

1. Creación de un parque público de viviendas en alquiler formado con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros. A ello habría que añadir, las obtenidas por la expropiación de viviendas desocupadas.
2. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
3. Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias, independientemente de las medidas de prohibición del desahucio de trabajadores en paro y de la garantía efectiva constitucional del derecho a la vivienda.
4. La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que han sido desahuciadas de sus casas o están en trámites de desahucio como consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.

I.- EDUCACIÓN

* Promulgación de una Ley de medidas para la extensión y mejora de la educación pública, que sirva para recuperar su prestigio y potenciar su papel como eje vertebrador del sistema educativo. Dicha Ley debería garantizar a su vez las actuaciones que se detallan a continuación:
- Una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades y cuente con recursos y servicios necesarios.
- Establecer la dotación mínima de recursos para la creación y apertura de centros escolares. Esta norma será la base para la licitación de obras de construcción, ampliación o reforma de centros escolares en todo el Estado.
- El suelo público sólo para los centros públicos. Impedir cesiones de suelo municipal destinadas a centros privados concertados.
- Ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública hasta cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente en el ciclo de 0 a 3 años.
- Modificación de la normativa vigente sobre Educación Infantil para establecer unos requisitos y un currículo básico que garanticen la unidad y el carácter educativo de toda la etapa.
- Generalización de la formación hasta los 18 años, ampliando la oferta de FP y abriendo nuevas modalidades formativas que combinen estudio y prácticas laborales retribuidas.
- Reducción de la ratio a 20 estudiantes por aula como máximo en las enseñanzas obligatorias, tendiendo progresivamente a los 15.
- Gratuidad de libros y materiales didácticos de aula para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas básicas, mediante bibliotecas, centros de recursos reutilización y préstamo.
- Creación de una Empresa Editorial Pública que garantice la gratuidad total de libros de texto.
- Sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad de los comedores escolares, y del transporte escolar en zonas rurales.
-  Escuelas Oficiales de Idiomas: Se garantizará en todo el territorio nacional una oferta pública de calidad de enseñanza de idiomas a adultos. Estas enseñanzas se ofertarán en la red de EEOOII y abarcarán los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo para la enseñanza de las lenguas. Los estudios tendrán carácter reglado y darán acceso a certificaciones.

* Oferta planificada y ampliada de FP, teniendo en cuenta su rentabilidad social y no sólo el interés inmediato de las empresas, respetando el derecho de las personas a la formación a lo largo de la vida y a su desarrollo vocacional.
- Creación de una red pública suficiente de centros integrados de FP en coordinación con las CCAA, donde se imparta tanto Formación profesional reglada como Formación para el empleo, con posibilidad de programas en régimen nocturno y semipresencial. Se evitará subvencionar la Formación para el empleo en centros privados.
- Control público de otras actividades formativas de FP, con competencia exclusiva de las administraciones públicas sobre títulos, convalidaciones, certificados profesionales y reconocimientos de aprendizajes no formales.
- Articular la oferta de FP con los programas de Educación de las Personas Adultas.

* En relación a la Universidad, defensa de una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional, no una universidad al servicio del mercado y de las demandas empresariales. Para ello, se propone:
- Paralizar la “Estrategia Universidad 2015” y abrir un debate social con toda la comunidad universitaria sobre la Universidad que realmente se necesita.
- Revisión del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia evitando en todo caso su supeditación a las empresas privadas.
- Establecer mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, de pública disponibilidad, no un negocio privado.
- Aumento sustancial de la financiación de la investigación destinada a las Universidades públicas.
- Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Se garantizará, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas.
- Las universidades privadas no se financiarán con fondos públicos y se velará por el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación.
- Organizar horarios flexibles para trabajadores y trabajadoras que deseen cursar estudios universitarios presenciales para ampliar su formación y no puedan hacerlo “a tiempo completo”.
- Impulsar una metodología docente participativa, en pequeños grupos y seminarios, basada en la participación activa de las y los estudiantes, tutorizada realmente a través de una formación adecuada del profesorado universitario, de la dotación necesaria de profesorado, la adecuación de instalaciones, etc. Para ello, es imprescindible la reducción de la ratio alumnado-profesorado, tanto en las clases teóricas como en el resto de actividades presenciales (seminarios, tutorías, prácticas, etc.), sin superar en ningún caso un máximo de 50.
- Establecer Campus Interuniversitarios integradores que engloben a todo el sistema universitario público garantizando su calidad y sustituyendo el carácter competitivo de los llamados “Campus de Excelencia” por un modelo cooperativo. La relación entre las distintas
Universidades debe basarse en la cooperación, no en una competitividad elitista y mercantilista.
- Apoyo decidido a la UNED para que siga desarrollando su importante e insustituible papel social, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. Ello exige incrementar su financiación garantizando a la UNED recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad crecientemente demandado por la población adulta.
- Articular la formación profesional y la universitaria: En la perspectiva de generalizar la educación superior como condición para el nuevo modelo productivo que IU propugna, habrá que fomentar la ocupación de plazas tanto en Formación Profesional media y superior como en la Universidad, facilitando la transición entre ellas e impulsando su convergencia, de modo que la Formación Profesional incluya el estudio crítico de las teorías científicas subyacentes a la práctica profesional y los estudios universitarios incluyan prácticas profesionales retribuidas y controladas por la Universidad, fomentando el aprendizaje durante toda la vida. Para todo ello se requiere incrementar la financiación de las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB, traducido en un gasto por alumno y alumna/ año equivalente a la media universitaria europea. Y que no se supedite a la obtención previa de financiación externa de carácter privado.

J.- INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

Las propuestas prioritarias en I+D+i se resumen en:
* Puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sus reglamentos y estatutos intentando superar los aspectos más regresivos de la Ley. En particular esta puesta en marcha debe contemplar:
- Discusión y aprobación en el Parlamento del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PEI+D+i), instrumento único que integre todas las acciones del nuevo ministerio y todas las competencias en I+D. Este Plan será el marco para las actuaciones estratégicas del Estado, así como el eje de referencia para las iniciativas autonómicas.
- Aprobación de una Ley Presupuestaria Plurianual, vinculada a los objetivos del PEI+D+i, que garantice su planificación plurianual. Aumento sustancial de los recursos destinados a I+D. El objetivo para la presente legislatura es alcanzar el 2% del PIB y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D.
- Conversión efectiva de todas las becas de investigación en contratos laborales de 4 años con evaluación anual. Derogación del Estatuto del Becario. Seguimiento de la integración del personal formado en el mercado laboral.
- Coordinación del sector público de la investigación. Proceso de integración de los distintos OPIs mediante la homogeneización de sus sistemas de gestión y el desarrollo de una carrera profesional evaluable para las distintas escalas de personal: científicos, técnicos y de gestión.
- Aprobación del Estatuto de Personal de Investigación del sector público (universidad –OPIs) que facilite la movilidad y dinamice el sistema científico técnico.
- Creación de la Agencia Nacional de Evaluación Financiación y Prospectiva para el conjunto del sector público de investigación.
- Creación de un Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de competencias renovadas, con una representación equilibrada de los distintos agentes sociales y CC.AA.

* Por otra parte, en necesario poner en marcha una serie de políticas y medidas que hagan posible la consolidación del sistema científico optimizando la asignación de sus recursos, tanto económicos como humanos. En particular:
- Plan de reducción de la precariedad del empleo en la investigación. La precariedad creciente del sector, con casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales es ineficiente además de injusto y se separa de las políticas de todos los países de nuestro entorno y de la OCDE.
- Puesta en marcha de un Plan de Formación de Personal Técnico y de Gestión de la Investigación.
- Integración en el diseño de las políticas científica y tecnológica de las actuaciones y orientaciones públicas en materia de infraestructuras, sanidad, educación, vivienda, ordenación del territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales. Integración en las políticas de compras públicas. Promoción de la investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, energías renovables y limpias y salud laboral.
- Salvaguardar la investigación como servicio público, rechazando la apropiación privada de recursos públicos: Los resultados de la investigación científica y tecnológica subvencionada con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión. Garantía del carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, modificando en consonancia la LOU.
- Fomento del sector público y articulación con el sector privado de las actividades de I+D. Consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de I+D. Creación y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación mixta público-privada, ligados a actividades sectoriales o regionales y que sirvan de interfaz entre OPIs y empresas.
- Fortalecer una industria de calidad por medio de la innovación vinculada a un Desarrollo tecnológico que aplique los resultados de la Investigación científica, aprovechando los recursos invertidos en la investigación pública, y que se retroalimente con el tejido productivo del territorio, orientándose hacia un desarrollo social y ambientalmente sostenible.
- Apoyo a las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las PYMEs. Programas de Formación para la Innovación que contemplen la formación y actualización continuada de los trabajadores para facilitar la asimilación e interacción con los procesos de cambio tecnológico.
- Disminución gradual del sistema actual de desgravaciones fiscales en materia de I+D. Sustitución por mecanismos de apoyo a la generación de infraestructuras científicas y tecnológicas e incremento de personal propio de las empresas.
- Apoyo a la creación de redes y centros de excelencia europeos en materia de investigación y educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente con reconocimiento de cualificaciones y aptitudes, creando títulos, certificados y diplomas europeos y estableciendo normas mínimas de calidad en la educación y la formación.
- Priorización de las tecnologías que mejoren la relación innovación/volumen y calidad del empleo generado.
- Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones a los procesos de innovación.
- Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas de difusión activa diseñadas para casos específicos (PYMEs, regiones menos favorecidas, sectores tradicionales).
- Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.

Hay dos elementos claros de crítica que hay que realizar a este programa:

1.- Me parece poco realista la defensa del sector público que se hace. Si vemos experiencias de gobierno anteriores, como la de François Mitterrand en Francia en el período 1981-1984 o la de Alan García en Perú en el período 1985-1990, se ve cómo las medidas de gasto público no generan con carácter inmediato los ingresos  para su financiación. Por ello, la primera consecuencia es el aumento del déficit, surgiendo problemas para que el mismo sea cubierto. Adicionalmente, en la defensa de lo público, no sólo es que no se hayan tenido en cuenta todos los estudios realizados desde la economía más ortodoxa (cuyos criterios IU-LV puede no compartir) sobre los efectos de la propiedad pública en la productividad de las organizaciones, sino que da la impresión de que tampoco se han considerado ni tan siquiera los estudios de economistas soviéticos como Lieberman o Nemchinov, centrados en las cuestión de los incentivos y los desincentivos, que llevaron a la adopción de medidas reformistas en la URSS de los años 60 del pasado siglo. Si conocieran la obra de estos autores, posiblemente el programa sería muy distinto a como es.


2.- Me disgusta especialmente que se diga que la Universidad no se debe regir por los criterios de "competitividad" y "excelencia". En mi opinión, la Universidad se debe regir, precisamente, por estos criterios y, de hecho, hasta IU-LV defiende que haya "redes y centros de excelencia europeos". Es una contradicción para lo que no cabe encontrar explicación.

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