El programa de IU-LV, más allá de las medidas concretas que propone, está enmarcado dentro de un propósito general que el programa define como “una revolución económica como base e inicio de una alternativa global al capitalismo” y que, en el plano político, se refleja en el postulado de que “necesitamos un cambio sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal cambio la izquierda le llama la III República”. Si nos ceñimos a las propuestas económicas que el programa incluye, llama la atención que, frente a PSOE y PP, sí cuantifica en mucha mayor medida las medidas que defiende (tanto en objetivos como en medios). Los ejes del programa económico se centran en los siguientes puntos:
A.- MÁXIMA PRIORIDAD PARA EL EMPLEO.
A.1.- Se
propone para 2012, un Plan de Choque por el Empleo:
* Un Programa de
empleos verdes que comprendería reforestación, explotación y mantenimiento de
superficies forestales (que supondría la creación de 300.000 empleos).
* Un Programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales
(200.000 empleos).
* Un Plan de
Empleos Sociales, para asegurar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia y
mejorar salud, educación (especialmente de 0 a 3 años) y determinados servicios
de la Administración (170.000 empleos).
* Un Plan de
Formación/Empleo para atender la situación de parados que hayan agotado sus
prestaciones, en colaboración con los Ayuntamientos y combinando trabajo y
formación. (300.000 empleos, incluidos 20.000 formadores).
* Reducir por Ley
la Jornada Laboral a 35 horas (manteniendo igual retribución).La compensación
de la reducción de jornada en las empresas y las Administraciones Públicas,
generaría 400.000 puestos de trabajo, según sus estimaciones.
* Para
ayudar a la pequeña y mediana empresa y trabajadores autónomos para crear el
empleo compensatorio derivado de la disminución de la jornada laboral, se
establecería una exención en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social
por importe de 8.000 millones de euros.
*
Aumento de la inversión pública creadora de empleo:
- Un
Acuerdo-Marco con empresas de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.)
(50.000 empleos).
- Un Plan de
Inversión en infraestructuras de proximidad. (80.000 empleos)
A.2. Plan de
Ampliación por el Empleo 2013.
* Prorroga
de los Programas de Plan de Choque que no hubieran podido cumplir sus objetivos
por razón de tiempo:
- Mantenimiento
forestal (70.000 empleos).
- Rehabilitación sostenible de viviendas (200.000 empleos).
- Plan de empleos sociales (50.000 empleos)
- Plan
formación/empleo (150.000 empleos).
- Apoyo
a la pyme para la contratación (400.000 empleos).
- Servicios
básicos (20.000 empleos).
- Infraestructuras de proximidad (30.000
empleos).
A.3. Plan de Ampliación por el Empleo 2014.
- Mantenimiento forestal (50.000 empleos).
- Plan
de empleos sociales y públicos (50.000 empleos)
- Plan
formación/empleo (150.000 empleos).
- Apoyo
a la pyme para la contratación: (200.000 empleos)
- Infraestructuras
de proximidad (130.000 empleos)
El
coste teórico de este plan de empleo sería de 40.000 millones de euros a
invertir principalmente durante 2012. Como por cada 1.000€ que se utilizan
en un contrato de trabajo, la
Hacienda pública recuperaría casi el 60% (vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social) y, además, los bienes y servicios
producidos posibilitarían nuevos
ingresos, las necesidades de financiación con efectos sobre el déficit y, por
tanto, una vez descontados los ingresos fiscales producidos, se estiman en 2
puntos de PIB durante el primer año, que quedarían satisfactoriamente compensados
por la reforma fiscal que se propone a continuación.
B.- REFORMA FISCAL
1.- Reforma del IRPF con los siguientes contenidos principales:
* Tributación
igual de las rentas del trabajo y del capital para recuperar el carácter
sintético del tributo, integrando todos los rendimientos del contribuyente en
una única base, desapareciendo la distinción entre base liquidable general
(tarifa progresiva) y del ahorro (dos
tipos
fijos). Es decir, que todos los rendimientos (del trabajo y del capital) se
acumulen y tributen en una tarifa progresiva.
* Establecer
dos nuevos tramos en el IRPF:
- Para
las declaraciones comprendidas entre 60.000 y 120.000 € de base
liquidable con una elevación del tipo del 43 al 45%.
- Un
último tramo para cuotas liquidas superiores a
120.000
€ anuales
con un tipo del 50%.
(Contribuyentes
afectados:732,400 personas, el 3,96% de los declarantes)
* Traslado
de todas las reducciones y deducciones a la cuota.
* Extender
la exención de la obligación de declarar hasta el límite reglamentariamente establecido
a todos los sujetos pasivos independientemente de que las rentas procedan de
uno o varios pagadores, sustituyendo la autoliquidación por una declaración
informativa donde consten los pagadores, la cantidad bruta percibida y las
retenciones efectuadas, a efectos de control del fraude y la economía
sumergida. Se trata de no penalizar precisamente a quienes son víctimas de
contrataciones temporales y precarias.
*
Limitar las declaraciones conjuntas.
* Eliminación
de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
*
Supresión de las ventajas fiscales de la Iglesia Católica y otras confesiones
religiosas.
2. Reforma del Impuesto de Sociedades:
* Aumento
de 5 puntos en el impuesto sobre los beneficios de las entidades, sociedades e
instituciones con una base imponible a partir de 1 millón de beneficios (aumento
estimado de la recaudación: 14.000 millones de €
adicionales/año).
* Reducción
de las diferencias reales de tributación con el tipo efectivo de microempresas
y pequeñas empresas
* Revisión
y simplificación de las exenciones y bonificaciones del impuesto para elevar el
tipo efectivo medio y favorecer a las pequeñas empresas y la inversión productiva
y creadora de empleo. Incentivar la ‘cuota productiva’ (inversa de
ventas/empleados), la ‘cuota de estabilidad laboral’ (empleo fijo/empleo
total), la ‘cuota de jornada’ (inversa de horas totales/empleados) e incrementar
para empresas sin empleados (según el programa, instrumentales financieras).
* Limitar
los salarios máximos en el sector privado, considerando como gasto no
deducibles en el impuesto de sociedades la parte de las retribuciones brutas que,
por todos conceptos, de forma directa o indirecta, en especie o en metálico,
superen los €90.000 anuales.
3.- Reforma del IVA
* Reducción
del IVA al tipo superreducido (4%) para ciertos alimentos hoy no incluidos
(resto de cereales y sus harinas, carnes y pescados frescos) y para compresas y
pañales, tanto infantiles como para la tercer edad. También para el transporte
público en vehículos a motor
de más
de 8 plazas.
*
Instar la aprobación de un IVA especial al 25% para bienes de consumo de lujo,
y otras adquisiciones y gastos suntuarios. Dada la necesidad de la aprobación por
parte de las autoridades europeas para esta medida, de forma provisional y
hasta tanto exista esta aprobación se propone la creación de un Impuesto Especial
sobre Bienes y Servicios Suntuarios con una tarifa equivalente (7% por
diferencia con el IVA normal aplicable).
* Desde
el 1/12012, en el caso de empresas de reducida dimensión y trabajadores
autónomos, el IVA se devengaría en el momento del cobro total o parcial de la
factura.
4. Reforma del sistema de estimación por módulos
* Limitar
el sistema de módulos a los 3 primeros años de la actividad, pasando a
continuación a la estimación directa o estimación directa simplificada.
* Durante
los dos primeros años de actividad, los módulos actuales estarían reducidos a
un 50% y el tercer año a un 75%.
* Restauración del Impuesto de Patrimonio en los
términos y tipos vigentes hasta 2007, hasta la Aprobación de un Impuesto
Solidario sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.
5.- Restablecer el Impuesto de Sucesiones. Este impuesto, que grava las
herencias ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552
millones de euros.
6.- Reforma del IBI.
* Supresión
de la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia
Católica.
* IBI
incrementado en un 100% para las viviendas vacías, consideradas desde que
reciben la licencia de primera ocupación y según consumos de agua y electricidad.
9.- Presentación en el plazo máximo de un año de un Proyecto
de Ley sobre financiación de las Haciendas Locales, en la que se garantice la suficiencia
financiera de los Ayuntamientos y otras entidades locales y se tengan en cuenta
criterios medioambientales para fijar tributos.
10.- Adopción de un paquete de medidas de fiscalidad verde,
destinadas a avanzar en el cumplimiento del principio de “quien contamina
paga”.
•
Eliminación de la exención sobre hidrocarburos para los vuelos domésticos
peninsulares.
•
Convergencia de la tributación por gasóleos y gasolinas.
•
Deducciones en el impuesto de sociedades para ahorro de energía, agua y
movilidad de los trabajadores.
•
Deducción en el IRPF de los abonos de transporte público.
•
Impuesto sobre bolsas de plástico, vertido e incineración de residuos.
•
Impuesto sobre cambios de uso del suelo.
C.- LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y
EL FRAUDE
A
partir de los datos aportados por diversos estudios que fijan el volumen de
economía sumergida en nuestro país, el programa se plantea como objetivo
reducir dicha cifra al entorno de la media europea (12%), lo cual representaría
una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB.
Las
medidas para lograr este objetivo serían:
* Definir un Plan de Lucha contra la Economía
Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3
puntos anuales de PIB en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y 2015. Ello
supondría un incremento de recaudación fiscal 6.600 millones de € y 3.300 millones de €
de
cotizaciones por año.
* Establecer un Plan Concreto con objetivos anuales cuantificados
para combatir el fraude fiscal, centrándose especialmente en la evasión
originada desde las grandes empresas y capitales, que ha sido fijado en 42.700
millones de € anuales con el objetivo de
reducirlo en un 75% en el periodo de la legislatura. Duplicar la eficacia
recaudatoria de la lucha contra el fraude en los restantes sujetos pasivos
mediante la fijación de objetivos anuales.
* Reforma profunda de la AEAT, aumentando sus recursos
materiales y humanos hasta converger en tres años con la media europea y
cambiando sus procedimientos.
*
Regeneración del tejido empresarial en que se aloja la economía sumergida, con
programas de actuación que contribuyan a esa regeneración.
* Modificación de la legislación relativa a las SICAV,
estableciendo como límite máximo de participación el 2% del capital para un
solo poseedor y elevación al 5% del tipo de su tributación por Impuesto de
Sociedades. Impulsar el acuerdo internacional necesario para que en el ámbito
de la OCDE y de la UE el tipo nominal de los Fondos y Sociedades de Inversión
se equipare al tipo general del Impuesto de Sociedades.
D.- PROPUESTAS PARA APOYAR A LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS Y A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS E IMPULSO A LA ECONOMÍA REAL
1. Un Programa Primer Trabajador para pequeña empresa y
autónomo para subvencionar durante dos años la realización del primer contrato
indefinido por parte de una empresa o autónomo actualmente sin trabajadores:
- 30%
de la retribución bruta durante el primer año, hasta un máximo de 6.000
euros/año.
- 20%
de la retribución bruta durante el segundo año, hasta un máximo de 4.000
euros/año.
A
descontar de la liquidación del Impuesto de Sociedades, IVA o del IRPF, según
el caso.
2. Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones
de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con
la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión
medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
- Se
propone reservar, al menos, el 30% de las licitaciones cuyo importe en gastos
de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de
20 trabajadores.
- Introducir
cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y el nivel de
cualificación de la mano de obra adscrita al contrato, el mantenimiento del
empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios
colectivos.
3. Compensación a las pequeñas empresas y autónomos por
nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el
paso de la jornada de trabajo normal a 35 horas semanales.
4. Transposición inmediata de la Directiva del Parlamento Europeo 2011/7/UE para reducir los plazos de
pago de la Administración y las empresas privadas a sus proveedores a 30 días.
5. Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa entre
las actividades del ICO. Subvencionar los intereses de préstamos de la línea
ICO-SGR en 3 puntos para empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores que
serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo
de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
6. Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de
las deudas de las Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y
servicios, una vez pasado un límite de 30 días. La compensación se haría contra
las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Administración
General del Estado, de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos
cedidos en las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y
tasas municipales en el caso de los Ayuntamientos.
7. Exigir a las entidades financieras avaladas por el
Gobierno un Programa de crédito a la pequeña empresa y autónomos equivalente en
volumen de recursos a las cantidades avaladas y destinado a la inversión
productiva.
8. Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro
para facilitar crédito a las empresas avaladas por las Sociedades de Garantías
Recíprocas, en condiciones de interés preferentes.
9. Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con
1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de
operaciones de crédito y también para avales técnicos. Esto permitiría
movilizar del orden de 100.000 millones de €
en inversión productiva.
10. Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que
la factura haya sido total o parcialmente cobrada.
11. Revisión del sistema de módulos y limitación de la aplicación
del mismo a los 2 primeros años de actividad de la empresa. Simplificación de
la declaración por estimación directa.
E.- SISTEMA FINANCIERO.
E.1. INSTAURACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA.
1. Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema de
Banca Pública, mediante la nacionalización de las mismas.
2. Recuperación de la Banca Pública Especializada (Banco
de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior);
renacionalización de la Caja Postal de Ahorros y constitución a partir del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) de Agencias Públicas de Inversión en todas
las CCAA bajo el modelo del Instituto Catalán de Finanzas.
3. Las ayudas recibidas por la Banca privada deben
corresponderse con paquetes de capital de propiedad estatal, con todos sus
derechos políticos y condicionados a un control más exigente de la operativa y
los salarios de los ejecutivos. Prohibición de repartir dividendos y conceder
bonos o cualquier otro tipo de complemento o estímulo retributivo a las
instituciones financieras que estén recibiendo ayudas, avales o apoyos públicos.
E.2. REFORMA SISTEMA BANCARIO.
1. Reforma de la actual legislación en lo que se refiere a
derechos de los impositores y clientes de las instituciones financieras para:
* Información
completa, honesta y ajustada al nivel cultural y técnico de los contratantes de
los distintos productos financieros.
* Desaparición
de cualquier tipo de cláusula abusiva que pretenda desequilibrar el riesgo que
ambas partes asumen en los negocios jurídicos.
* Desaparición
de las cláusulas de limitación del aprovechamiento de los tipos de interés, con
especial mención a las llamadas “cláusulas suelo”, “clips” y “swap”.
2. Colaboración con la Banca Social (Cooperativas de Crédito,
Cajas Rurales democratizadas, secciones de crédito de las Cooperativas y banca
cívica) y apoyo a la Banca Ética.
F.- RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
1. Control de los altos salarios en las Administraciones Públicas.
Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones
Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes,
considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente
del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Complementariamente:
•
Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos
de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
•
Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones
Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación
de regalos.
•
Eliminación de los sueldos vitalicios a los políticos, prohibición por ley de
la duplicidad de sueldos de los ex presidentes del Gobierno.
2. Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las
Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios
y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la
jornada ordinaria. Estimulo incentivado económicamente para los empleados
públicos del ahorro energético y en insumos.
3. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para:
* Limitar
y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos.
* Eliminar
cualquier posibilidad de información privilegiada y acuerdos de proveedores
para entorpecer la libre competencia.
* Establecimiento
de cláusulas sociales y medioambientales.
* Favorecer
las pequeñas empresas, autónomos y cooperativas
* Revisión
de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado.
Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato
en esas condiciones.
4. Un Plan de Control interno del gasto público y de la
calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:
* Centralización
de los gastos de promoción, publicidad, etc. a nivel de Departamento,
Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
* Memoria
anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento,
reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.* Limitación de
los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y
publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
* Creación
en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una
Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al
menos dos representantes de los trabajadores.
* Será
competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación
pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y
publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría
y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus
dictámenes serán públicos y enviados
de
oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado (IGE) como al
Tribunal de Cuentas correspondiente.
* Inclusión
de la evaluación de la calidad el gasto (incluidas subvenciones y otras ayudas)
entre las competencias de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y de la eficiencia del mismo por la IGE y las homólogas de las CC.AA. y
entes locales.
5. Reforma y potenciación de la Intervención General del Estado
(IGE) y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. y entes locales para
reforzar el control de la legalidad del gasto y de la adecuación de su
finalidad y procedimientos. Revocar los procesos de privatización del control
de las cuentas públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes de la
Intervención.
6. Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su
trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en
el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
disfunciones señaladas por el Tribunal.
7. Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto
de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas
políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos
públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria
G.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO
PRODUCTIVO
1. Defensa de lo público y del papel de lo público en la
economía. El Estado debe reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo. El Estado
y otras formas de propiedad pública y democrática debe volver a entrar en la economía, no sólo
como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. Se propone:
* Recuperar
para el sector público empresas públicas privatizadas, especialmente en los
sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transporte, soberanía alimentaria,
correos, banca, ...
•
Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.
•
Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con
propiedad y gestión públicas.
2. Se propone un cambio del modelo de relaciones laborales
que es el rasgo más negativo del actual modelo productivo, mucho más que la
especulación inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones
laborales sería la reforma empresarial y no la reforma laboral: penalizar el
modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Consideración del pleno empleo, digno y de calidad como el
eje determinante del nuevo modelo productivo, con políticas de reparto del
trabajo y producción sostenible.
3. Derogación de la Reforma Laboral y recuperación de la
primacía de la negociación colectiva. Mejora de la calidad de la democracia
sindical y del papel de las organizaciones sindicales.
4. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin
disminución del salario mensual. Control y limitación de las horas extras.
Racionalización de los horarios de trabajo.
5. Jubilación a los 60 años con plenos derechos económicos
o tras 35 años cotizados. Recuperación de la jubilación a los 65 años y
aplicación de un plan progresivo para alcanzar la jubilación a los 60 años en
el marco temporal de la legislatura. Prestación máxima a los 35 años y período
de cotización de 15 años. Mejora de las pensiones y reforzamiento de la
sostenibilidad del sistema mediante medidas que conduzcan al incremento de sus
ingresos por cotizaciones. Elevación de la pensión mínima hasta alcanzar 1.100€/mes.
Restituir el poder adquisitivo de los pensionistas.
6. Situar como orientación en la negociación colectiva la reducción
del abanico salarial en las empresas sobre la base de la elevación de los
salarios más bajos.
7. Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes.
8. Eliminar los encadenamientos de contratos y los
contratos de formación. Fomento de los contratos de relevo.
9. Apoyo al cooperativismo mediante medidas laborales, fiscales
y de crédito. Consideración como de interés social de la empresa cooperativa en
la que, al menos, el 80% de los trabajadores son socios cooperativistas con plenitud
de derechos en la gestión y dirección de la cooperativa. Incluir en la
formación secundaria y profesional la formación para el cooperativismo y la
formación general de derechos de los trabajadores, del consumidor y del
ciudadano.
10. Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones. Destope
progresivo de las cotizaciones máximas para hacer más solidario el sistema
11. Eliminación de la figura del becario. Contratos en
regla para todo tipo de trabajo. Impedir la práctica en fraude de ley
consistente en despedir a los 11 meses de contrato
para que sea el Estado el que abone las vacaciones.
12. Supresión de las ETT y de las Agencias de Colocación con
ánimo de lucro.
13. Fomentar la incorporación de la mujer a la población activa
asalariada con el desarrollo de una batería de medidas que favorezcan esta
entrada y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de
las escuelas infantiles públicas; extensión de los
permisos de maternidad/paternidad; conciliación real de la
vida familiar con la laboral...).
14. Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, dotándola
de mayor presupuesto y plantilla al objeto de poder velar por el cumplimiento
efectivo de los derechos laborales y reforzando, paran ello sus competencias como
órgano supervisor y sancionador.
15. Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones
al empresariado, reduciéndolas a políticas de estímulo del empleo siempre y
cuando se utilice un procedimiento de evaluación de sus resultados.
16. Priorización de sectores productivos:
•
Considerar como sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo,
Agricultura desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y Química verde.
Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben
afrontar importantes procesos de modernización
y de
cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro
país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
• Los
sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción y reparación naval y
de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán
adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso
público. Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para
que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y
sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
• Los
sectores de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y
biocombustibles.
H.- MERCADO DE VIVIENDA
1. Creación de un parque público de viviendas en alquiler formado
con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían
adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando
cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros. A ello habría que añadir,
las obtenidas por la expropiación de viviendas desocupadas.
2. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de
desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como
liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se
produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera
que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho
constitucional a una vivienda digna.
3. Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple
la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias,
independientemente de las medidas de prohibición del desahucio de trabajadores en
paro y de la garantía efectiva constitucional del derecho a la vivienda.
4. La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que
han sido desahuciadas de sus casas o están en trámites de desahucio como
consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.
I.- EDUCACIÓN
* Promulgación
de una Ley de medidas para la
extensión y mejora de la educación pública, que
sirva para recuperar su prestigio y potenciar su papel como eje vertebrador del
sistema educativo. Dicha Ley debería garantizar a su vez las actuaciones que se
detallan a continuación:
- Una red planificada y suficiente de centros de titularidad
y gestión pública, que atienda
la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades y cuente con recursos
y servicios necesarios.
- Establecer
la dotación mínima de recursos
para la creación y apertura de centros escolares. Esta norma será la base para la licitación de obras de
construcción, ampliación o reforma de centros escolares en todo el Estado.
- El suelo público sólo para los centros públicos. Impedir cesiones de suelo municipal destinadas a centros privados
concertados.
- Ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad
y gestión pública hasta cubrir
toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente en el ciclo de 0
a 3 años.
- Modificación de la normativa vigente sobre Educación Infantil
para establecer unos requisitos y un
currículo básico que garanticen la unidad y el carácter educativo de toda la
etapa.
- Generalización de la formación hasta los 18 años, ampliando la oferta de FP y abriendo nuevas modalidades formativas
que combinen estudio y prácticas laborales retribuidas.
- Reducción de la ratio a 20 estudiantes por aula como máximo
en las enseñanzas obligatorias,
tendiendo progresivamente a los 15.
- Gratuidad de libros y materiales didácticos de aula para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas básicas, mediante
bibliotecas, centros de recursos reutilización y préstamo.
- Creación
de una Empresa Editorial Pública que
garantice la gratuidad total de libros de texto.
- Sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad de los comedores escolares, y del
transporte escolar en zonas rurales.
- Escuelas
Oficiales de Idiomas: Se garantizará
en todo el territorio nacional una oferta pública de calidad de enseñanza de
idiomas a adultos. Estas enseñanzas se ofertarán en la red de EEOOII y
abarcarán los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo para la
enseñanza de las lenguas. Los estudios tendrán carácter reglado y darán acceso
a certificaciones.
* Oferta planificada y ampliada de FP, teniendo en cuenta su rentabilidad social y no sólo el interés
inmediato de las empresas, respetando el derecho de las personas a la formación
a lo largo de la vida y a su desarrollo vocacional.
- Creación de una red pública suficiente de centros integrados
de FP en coordinación con las CCAA, donde se
imparta tanto Formación profesional reglada como Formación para el empleo, con
posibilidad de programas en régimen nocturno y semipresencial. Se evitará
subvencionar la Formación para el empleo en centros privados.
- Control público de otras actividades formativas de FP, con competencia exclusiva de las administraciones públicas sobre
títulos, convalidaciones, certificados profesionales y reconocimientos de
aprendizajes no formales.
- Articular la oferta de FP con los programas de Educación
de las Personas Adultas.
* En relación a la Universidad, defensa de una
Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y
la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para
hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible,
orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada
formación cultural y profesional, no una universidad al servicio del mercado y
de las demandas empresariales. Para
ello, se propone:
- Paralizar la “Estrategia Universidad 2015” y abrir un debate social con toda la comunidad universitaria sobre
la Universidad que realmente se necesita.
- Revisión del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia
evitando en todo caso su supeditación
a las empresas privadas.
- Establecer
mecanismos para que la transferencia
de conocimiento tecnológico sea de dominio público, de pública disponibilidad, no un negocio privado.
- Aumento sustancial de la financiación de la investigación destinada a las Universidades públicas.
-
Establecer como objetivo la gratuidad
de los estudios universitarios, priorizándola
en los de Grado. Se garantizará, con carácter inmediato, que las tasas
universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas.
- Las universidades privadas no se financiarán con fondos públicos
y se velará por el cumplimiento
estricto de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios
y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación.
- Organizar
horarios flexibles para
trabajadores y trabajadoras que deseen
cursar estudios universitarios presenciales para ampliar su formación y no
puedan hacerlo “a tiempo completo”.
-
Impulsar una metodología docente
participativa, en pequeños
grupos y seminarios, basada en la participación activa de las y los
estudiantes, tutorizada realmente a través de una formación adecuada del profesorado
universitario, de la dotación necesaria de profesorado, la adecuación de
instalaciones, etc. Para ello, es imprescindible la reducción
de la ratio alumnado-profesorado, tanto
en las clases teóricas como en el resto de actividades presenciales
(seminarios, tutorías, prácticas, etc.), sin superar en ningún caso un máximo de 50.
- Establecer Campus Interuniversitarios integradores que engloben a todo el sistema universitario público garantizando
su calidad y sustituyendo el carácter competitivo de los llamados “Campus de
Excelencia” por un modelo cooperativo. La relación entre las distintas
Universidades
debe basarse en la cooperación, no en una competitividad elitista y
mercantilista.
- Apoyo decidido a la UNED para que siga desarrollando su importante e insustituible papel
social, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones
Locales. Ello exige incrementar su financiación garantizando a la UNED recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad crecientemente demandado
por la población adulta.
- Articular la formación profesional y la universitaria: En la perspectiva de generalizar la educación superior como
condición para el nuevo modelo productivo que IU propugna, habrá que fomentar
la ocupación de plazas tanto en Formación Profesional media y superior como en
la Universidad, facilitando la transición entre ellas e impulsando su
convergencia, de modo que la Formación Profesional incluya el estudio crítico
de las teorías científicas subyacentes a la práctica profesional y los estudios
universitarios incluyan prácticas profesionales retribuidas y controladas por
la Universidad, fomentando el aprendizaje durante toda la vida. Para todo ello
se requiere incrementar la financiación de
las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB, traducido en un gasto por alumno y alumna/ año equivalente a la media
universitaria europea. Y que no se supedite a la obtención previa de
financiación externa de carácter privado.
J.- INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Las
propuestas prioritarias en I+D+i se resumen en:
* Puesta
en marcha de la Ley de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sus
reglamentos y estatutos intentando superar los aspectos más regresivos de la
Ley. En particular esta puesta en marcha debe contemplar:
- Discusión
y aprobación en el Parlamento del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (PEI+D+i), instrumento único que integre todas las
acciones del nuevo ministerio y todas las competencias en I+D. Este Plan será
el marco para las actuaciones estratégicas del Estado, así como el eje de
referencia para las iniciativas autonómicas.
- Aprobación de una Ley Presupuestaria Plurianual, vinculada a los objetivos del PEI+D+i, que garantice su planificación
plurianual. Aumento sustancial de los recursos destinados a I+D. El objetivo
para la presente legislatura es alcanzar
el 2% del PIB y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D.
- Conversión efectiva de todas las becas de investigación en
contratos laborales de 4 años con evaluación anual. Derogación del Estatuto del
Becario. Seguimiento de la integración del
personal formado en el mercado laboral.
- Coordinación del sector público de la investigación. Proceso de integración de los distintos OPIs mediante la
homogeneización de sus sistemas de gestión y el desarrollo de una carrera
profesional evaluable para las distintas escalas de personal: científicos,
técnicos y de gestión.
- Aprobación del Estatuto de Personal de Investigación del
sector público (universidad
–OPIs) que facilite la movilidad y dinamice el sistema científico técnico.
- Creación
de la Agencia Nacional de Evaluación
Financiación y Prospectiva para el
conjunto del sector público de investigación.
- Creación de un Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología
de competencias renovadas, con una
representación equilibrada de los distintos agentes sociales y CC.AA.
* Por
otra parte, en necesario poner en marcha una serie de políticas y medidas que
hagan posible la consolidación del sistema científico optimizando la asignación
de sus recursos, tanto económicos como humanos. En particular:
- Plan de reducción de la precariedad del empleo en la
investigación. La precariedad
creciente del sector, con casi la mitad de sus efectivos con contratos
temporales es ineficiente además de injusto y se separa de las políticas de
todos los países de nuestro entorno y de la OCDE.
- Puesta en marcha de un Plan de Formación de Personal
Técnico y de Gestión de la Investigación.
- Integración en el diseño de las políticas científica y tecnológica
de las actuaciones y orientaciones públicas en
materia de infraestructuras, sanidad, educación, vivienda, ordenación del
territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales.
Integración en las políticas de compras públicas. Promoción de la investigación
asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente,
energías renovables y limpias y salud laboral.
- Salvaguardar la investigación como servicio público, rechazando
la apropiación privada de recursos públicos: Los
resultados de la investigación científica y tecnológica subvencionada con
fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión. Garantía del carácter público de los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos, modificando en consonancia la
LOU.
- Fomento del sector público y articulación con el sector privado
de las actividades de I+D.
Consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de
I+D. Creación y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación
mixta público-privada, ligados a actividades sectoriales o regionales y que sirvan
de interfaz entre OPIs y empresas.
- Fortalecer una industria de calidad por medio de la innovación vinculada a un Desarrollo tecnológico
que aplique los resultados de la Investigación científica, aprovechando los
recursos invertidos en la investigación pública, y que se retroalimente con el
tejido productivo del territorio, orientándose hacia un desarrollo social y
ambientalmente sostenible.
- Apoyo a las políticas de crecimiento de plantillas de I+D
en el sector empresarial, con especial atención a las PYMEs. Programas de
Formación para la Innovación que
contemplen la formación y actualización continuada de los trabajadores para
facilitar la asimilación e interacción con los procesos de cambio tecnológico.
- Disminución gradual del sistema actual de desgravaciones fiscales
en materia de I+D. Sustitución por
mecanismos de apoyo a la generación de infraestructuras científicas y
tecnológicas e incremento de personal propio de las empresas.
- Apoyo a la creación de redes y centros de excelencia europeos
en materia de investigación y
educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente con
reconocimiento de cualificaciones y aptitudes, creando títulos, certificados y
diplomas europeos y estableciendo normas mínimas de calidad en la educación y
la formación.
- Priorización de las tecnologías que mejoren la relación innovación/volumen
y calidad del empleo generado.
- Desarrollo de I+D en educación, para
adecuar las cualificaciones a los procesos de innovación.
- Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el
medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de
vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas de difusión activa diseñadas
para casos específicos (PYMEs, regiones menos favorecidas, sectores tradicionales).
- Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de
interés general y financiación
pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante de la industria
farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.
Hay dos
elementos claros de crítica que hay que realizar a este programa:
1.- Me
parece poco realista la defensa del sector público que se hace. Si vemos
experiencias de gobierno anteriores, como la de François Mitterrand en Francia
en el período 1981-1984 o la de Alan García en Perú en el período 1985-1990, se
ve cómo las medidas de gasto público no generan con carácter inmediato los
ingresos para su financiación. Por ello,
la primera consecuencia es el aumento del déficit, surgiendo problemas para que
el mismo sea cubierto. Adicionalmente, en la defensa de lo público, no sólo es
que no se hayan tenido en cuenta todos los estudios realizados desde la
economía más ortodoxa (cuyos criterios IU-LV puede no compartir) sobre los
efectos de la propiedad pública en la productividad de las organizaciones, sino
que da la impresión de que tampoco se han considerado ni tan siquiera los
estudios de economistas soviéticos como Lieberman o Nemchinov, centrados en las
cuestión de los incentivos y los desincentivos, que llevaron a la adopción de
medidas reformistas en la URSS de los años 60 del pasado siglo. Si conocieran
la obra de estos autores, posiblemente el programa sería muy distinto a como es.
2.- Me disgusta especialmente que se diga que la Universidad no se debe regir por los criterios de "competitividad" y "excelencia". En mi opinión, la Universidad se debe regir, precisamente, por estos criterios y, de hecho, hasta IU-LV defiende que haya "redes y centros de excelencia europeos". Es una contradicción para lo que no cabe encontrar explicación.
2.- Me disgusta especialmente que se diga que la Universidad no se debe regir por los criterios de "competitividad" y "excelencia". En mi opinión, la Universidad se debe regir, precisamente, por estos criterios y, de hecho, hasta IU-LV defiende que haya "redes y centros de excelencia europeos". Es una contradicción para lo que no cabe encontrar explicación.
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