Hasta el momento, hemos visto que
la composición del gasto público en España presenta fuertes diferencias
respecto a los parámetros de los principales países de la Unión Europea: con un
menor porcentaje de la ratio Ingresos Públicos/PIB, España dedica más recursos,
en términos relativos, a servicios administrativos y políticas de carácter
sectorial (vivienda, cultura, ocio y deportes, apoyo a actividades económicas
concretas…), en detrimento de las partidas de educación, sanidad y prestaciones
sociales. Por otro lado, ayer analizamos cómo la generación de partidas de
gasto en diferentes niveles de la administración carece de unos mecanismos mínimos
de disciplina, de forma que su tendencia al déficit permanente y al
endeudamiento continuo ha sido una constante en los últimos años.
Hoy, vamos a abordar cómo tiene
lugar la gestión del gasto público, con el fin de exponer otras deficiencias
importantes que se producen en la actuación de la administración.
En los últimos tiempos, ha habido
polémicas diversas sobre dos asuntos muy concretos:
1.- El primero, la proliferación de entidades empresariales
y organismos autónomos de las distintas administraciones (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/06/las-empresas-publicas-de-ccaa-y-ayuntamientos-deben-a-los-bancos-mas-de-17000-millones-90454/).
La poda a efectuar en este entramado fue uno de las primeros objetivos que el
nuevo Gobierno anunció, (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/04/economia/1325699517.html),
lo cual se concretó en la limitación del sueldo máximo en las empresas públicas
(http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/17/economia/1329481690.html),
la unificación de los distintos organismos reguladores (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/24/economia/1330091741.html),
la presentación de un “Plan de racionalización de los recursos del Estado” (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/28/espana/1330428206.html)
y de un plan de supresión de empresas públicas (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/16/economia/1331904602.html
y http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/16/economia/1331897156.html)
y la aprobación de la posibilidad de privatizar las televisiones públicas
autonómicas (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/20/el-gobierno-allana-el-camino-para-tomar-rtve-y-abre-la-via-a-privatizar-las-autonomicas-96538/).
A pesar de la importancia que se dado a la cuestión, faltan datos amplios y
concretos del impacto de la aplicación de todas estas medidas, a lo que hay que
añadir que algunas de ellas están, aún, en proceso de implantación.
2.- Por otro lado, se ha
criticado la realización de determinadas
inversiones por parte de los poderes públicos (y entes relacionados), para los
que no hay atisbo de rentabilidad económica o social de ningún tipo (http://www.cotizalia.com/opinion/valor-anadido/2012/06/20/el-fango-que-pisan-indiferentes-los-politicos-ahoga-a-espana-7160/).
Ejemplos como el aeropuerto de Ciudad Real (una inversión de carácter privado
pero financiada por Caja Castilla-La Mancha, caja de ahorros con una influencia
política decisiva: http://politica.elpais.com/politica/2012/04/13/actualidad/1334306481_394570.html),
el aeropuerto de Castellón (http://www.antena3.com/noticias/espana/primer-avion-aeropuerto-castellon-escultura_2012071700188.html), el aeropuerto de Lleida (http://www.elconfidencial.com/espana/lleida-aeropuerto-fantasma-gestion-generalitat-20100220.html),
diversas líneas de trenes de alta velocidad (http://politica.e-noticies.es/renfe-suprime-una-linea-del-ave-por-falta-de-pasajeros-54628.html)
son muestras de una ausencia notable de criterios rectores, mínimamente
sensatos, de la inversión pública.
En relación al último ejemplo
planteado (el AVE), no me resisto a transcribir dos párrafos del libro del
profesor Roberto Centeno, El disparate
nacional (Editorial Planeta, 2011), los cuales corresponden a la página
79-80:
“… se tomaría una decisión tan espectacular en imagen y mejora del tráfico de viajeros
como desastrosa desde el punto de vista económico: el inicio de una importante
red de alta velocidad, con trenes extraordinariamente lujosos capaces de
alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. La primera de estas
líneas sería la que uniría Madrid con Sevilla, y cuyo coste de 400.000 millones
de pesetas jamás podrá ser recuperado. A pesar de haber generado un tráfico
intensísimo, los ingresos de explotación sólo cubren los gastos variables y el
mantenimiento de la infraestructura, pero el principal no puede ser amortizado.
(…)
La alternativa, entonces presentada y rechazada, fue el Eurotren, la
solución aplicada en toda Europa, capaz de alcanzar velocidades de hasta 240
kilómetros por hora, que habría unido todas las capitales de provincia,
aprovechando la infraestructura existente, y que hubiera supuesto, por ejemplo,
sólo media hora más de tiempo en el trayecto Madrid-Sevilla, y simultáneamente
la modernización radical del tráfico de mercancías, el más obsoleto de Europa,
con una ventaja enorme sobre la productividad de la economía. El Eurotren
costaba la cuarta parte que el AVE por kilómetro instalado.”
Todos estos ejemplos (a los que
habría que añadir muchos más, que no tenemos espacio suficiente para detallar)
son consecuencias de un problema inicial: LA FALTA DE RACIONALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
En este blog, desde hace mucho
tiempo (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/05/remedios-para-una-crisis-i-el-gasto.html),
hemos defendido la aplicación de una técnica conocida como PRESUPUESTO BASE
CERO o procedimiento similar. El proceso a desarrollar sería claro:
1.- Determinar cuáles son los
objetivos que satisfacen (desde el punto de vista del interés general), todos
los programas de gasto público existentes.
2.- Se evalúa si los programas de
gasto van a servir y, sobre todo, han servido, para cumplir los objetivos
propuestos.
3.- Se analiza si, para cumplir
los objetivos propuestos, la mejor alternativa es el gasto público o si hay
otras medidas que pueden ser más eficaces.
4.- En función del análisis
previo y del grado de prioridad de los objetivos, habría programas de gasto que
habría que mantener (o, incluso, incrementar sus partidas), habría otros
programas que deberían ser recortados y otros que, directamente, deberían ser
suprimidos (todo ello en función de su ineficacia o de, en un contexto de
severa restricción de recursos como el actual, la necesidad de satisfacer los
objetivos preferentes en detrimento de objetivos de carácter secundario).
De esta forma, tendríamos una
estructura presupuestaria más racional y, sobre todo, diseñada para crecer, en
caso de la existencia de recursos suficientes, con un mínimo de sensatez, ya
que se sabría cuáles son los objetivos insuficientemente cubiertos y los
pendientes de cubrir de algún modo.
De la misma manera, habría que
aplicar criterios de racionalidad a la inversión pública, desde diversos puntos
de vista:
1.- En primer lugar, evaluar SIEMPRE
las distintas alternativas existentes y elegir aquella que obtenga los
resultados más favorables en los análisis coste-beneficio y coste-eficacia. Como
hemos visto con el ejemplo del AVE, pueden existir opciones más económicas que
permiten alcanzar resultados tan satisfactorios como las opciones más costosas.
2.- En segundo lugar, si se
emprenden operaciones de infraestructuras en las que el grado de utilización va
a ser reducido debido al bajo nivel de actividad económica de los territorios
conectados, pero se estima que dichas infraestructuras son necesarias para el crecimiento
económico de los mismos, sería OBLIGATORIO presentar, junto al proyecto
de inversión, un plan de desarrollo económico que detalle qué medidas se van a
adoptar y qué papel jugaría las infraestructuras previstas. Antes de emprender
la inversión, habría que evaluar la coherencia y efectividad de dicho plan de
desarrollo y, si se aprecia que dichas circunstancias no están presentes, no se
llevaría a cabo las infraestructuras planeadas.
El desarrollo de un planteamiento
como el descrito evitaría el mantenimiento de partidas de dudosa utilidad y, de
paso, dejaría sin efecto el debate sobre la existencia o no de empresas
públicas. En un momento dado, a la hora de aprobar la continuidad de las
partidas de gasto público, habría que considerar cuál es la mejor opción para
ejecutarlas: si debe hacerlo directamente la Administración o a través de un
ente instrumental. Como estarían claros qué objetivos a satisfacer, la decisión
sobre la modalidad de aplicación del mismo sería una decisión estrictamente
técnica, libre de consideraciones de otro tipo. Porque hay que tener en cuenta
que, aunque se habla de la proliferación de dichas empresas públicas, hay casos
(como los del transporte público en todas sus variantes, suministro de agua potable
o servicios de limpieza, sólo por poner los tres ejemplos de mayor presencia en
nuestra vida cotidiana) en los que la estructura empresarial parece la más
lógica.
Mañana, dejaremos el lado del
gasto y pasaremos al lado de los ingresos públicos.
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