Espero que, a lo largo de las
seis entregas anteriores, haya sabido exponerles con claridad cómo, toda una
serie de mitos diversos, entorpecen la correcta comprensión de los problemas
que afectan a la dimensión del sector público en España. Esos mitos no es que
no sean verdad. Es que son medias verdades que conducen a posiciones y
planteamientos equivocados.
Algunos de estos mitos son:
1.- En España, la presión fiscal
es muy elevada en relación a los países de nuestro entorno.- Hemos visto que
ello no es así. El problema es que la carga fiscal está desigualmente
repartida. Pagan impuestos aquellos que reciben rentas perfectamente
controladas por Hacienda a través del mecanismo de retenciones (es decir, los
perceptores de rentas salariales y rendimientos del capital mobiliario) y, además, soportan tipos
impositivos elevados (como los datos del estudio de KPMG hecho público en el
día de hoy acreditan: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/economia/1350851125.html).
En relación al resto de contribuyentes, por un lado, Hacienda ha renunciado, en
más casos de los convenientes, a avanzar en luchar contra los procesos de
evasión fiscal y la economía sumergida, y, por otro, ha optado por la
desfiscalización de rentas al aplicar, en algunos casos, la tributación por
módulos y, en el caso de las SICAVs (refugio para los grandes patrimonios), por
una tributación al 1%. Hay que decir bien claro que, aunque nuestras cuentas
públicas estuvieran en equilibrio y no tuviéramos problemas de déficit público,
la radical injusticia del reparto de la carga tributaria es un problema tan
grave que debería ser acometido con carácter de máxima urgencia.
2.- En España, el gasto público
es mayor que el de la mayoría de los países de nuestro entorno.- Tras analizar
los datos expuestos en las entregas anteriores, podríamos decir que el problema
no es que en España se gaste MÁS.
El problema es que en España se gasta MAL.
La gran cuestión es que, en relación a los ingresos públicos existentes,
hay un exceso de gastos en dos áreas fundamentales: la primera, la
correspondiente a las áreas más burocráticas y esencialmente administrativas (hecho
que se relaciona con la proliferación de organismos de dudosa utilidad en todos
los niveles de la administración) y, la segunda, la relativa a políticas
sectoriales (cultura y ocio, vivienda y políticas sectoriales –agricultura,
industria, comercio, transportes, comunicaciones…-). La consecuencia es que las
partidas de sanidad, educación y políticas sociales están por debajo de los
niveles que alcanzan en la mayoría de los principales países europeos.
3.- En España, hay que dedicar
más recursos para mejorar el nivel de determinados servicios públicos.- Con
independencia de que, efectivamente, hay áreas de carácter público que
necesitan mayores recursos, el problema, en la mayoría de las ocasiones, es de GESTIÓN de los recursos públicos
disponibles. No se fijan ni, en consecuencia, se comunican cuáles son los objetivos
de interés general que satisfacen las partidas de gasto público.
Evidentemente, ello redunda en que, a posteriori, no se puede evaluar si las
mismas han servido para cumplir los fines para los que estaban previstas o no
e, igualmente, es muy difícil dar prioridad a unas partidas sobre otras en caso
de limitación de recursos. Asimismo, el modo en que se
gestionan servicios como la sanidad y la educación es altamente discutible. En
el caso de la sanidad, hay una infrautilización de los recursos humanos y
físicos disponibles. Y, en educación, los resultados académicos obtenidos son
altamente insatisfactorios. El problema de la gestión también afecta las inversiones públicas, las cuales son llevadas
a cabo sin estudios adecuados de rentabilidad económica y social y sin el
acompañamiento de planes de desarrollo que justifiquen su realización.
4.- Los recortes del gasto son
negativos para la economía.- Posiblemente, sí. Pero no es menos cierto que el
porcentaje de gastos públicos financiados con déficit es de los más elevados
entre los principales países de la Unión Europea. Para cubrir ese déficit,
alguien tiene que suscribir los títulos de deuda pública que se emiten para
enjugar el desfase entre ingresos y gastos y, ante el rápido crecimiento del
endeudamiento, la suspicacia en torno a nuestra solvencia dificulta, cada vez
más, la colocación de esos títulos. El aumento de la prima de riesgo es un
indicio del aumento de esa dificultad. Es cierto que, ante el injusto reparto
de la carga tributaria, sería posible aumentar los ingresos con la tributación
de las rentas ahora desfiscalizadas al mismo nivel al que tributan ahora el
resto de rentas (de hecho, sería posible bajar los tipos impositivos que
actualmente se aplican a los diferentes tipos de rentas). Pero ello sería una
medida que sólo generaría efectos a medio plazo y, mientras tanto, el déficit ha
alcanzado niveles que cada vez hacen más difícil su financiación. Por tanto, la
necesidad de recortes en el gasto público es, hoy por hoy, absolutamente
ineludible.
En función de todo lo expuesto, la
actuación de nuestras administraciones públicas sería mucho más eficaz y eficiente
sólo con seguir tres principios elementales:
1.- La carga fiscal debe estar
equitativamente repartida, de forma que hay que luchar contra la evasión fiscal
y la economía sumergida.
2.- Los gastos públicos tienen
que acompasarse a los ingresos públicos disponibles. Y, sobre todo, hay que
vigilar que no se generen gastos estructurales con ingresos puramente coyunturales
nacidos de una actividad económica artificialmente inflada (que fue lo que
sucedió durante la época de la burbuja inmobiliario-financiera).
3.- Hay que priorizar las
partidas de gasto, dando preferencia a las de carácter transversal y de carácter estratégico (es decir,
las que tienden a beneficiar –real o potencialmente- a todos los ciudadanos,
como son sanidad, educación e investigación) y aplicando rígidos criterios de selectividad
para otras cuyo impacto es más dudoso y limitado.
Pienso que este conjunto de
principios va más allá de posiciones doctrinales, ideológicas y políticas y,
por ello, no debería ser difícil alcanzar un consenso en torno al mismo. Pero si
damos más importancia a nuestras propias posiciones doctrinales, ideológicas y
políticas que a la satisfacción del interés general, ni mejorará la situación
de España y, esas posiciones, el único horizonte que tendrán frente a ellas,
será la de administrar la bancarrota del país.
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