El pasado 15 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley (http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14115.pdf), que tenía como fin paralizar durante dos años los desahucios hipotecarios (http://www.elconfidencial.com/vivienda/2012/11/15/solo-familias-vulnerables-y-con-renta-menor-a-19200-podran-paralizar-los-desahucios-109304/) en el caso de familias en situación de vulnerabilidad. El Real Decreto-Ley define como tales a aquellas unidades familiares que no superen 3 veces el nivel de renta del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) - que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para varias prestaciones públicas-, cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos y que se traten de personas o familias que, en los cuatro años anteriores a la solicitud de suspensión del desahucio, hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda (definido como que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años). Además de ello, las familias se podrán beneficiar de esta suspensión si cumplen algunos de estos requisitos:
a.- Que se trate de familia numerosa.
b.- Unidad familiar monoparental con, al menos, dos hijos a cargo.
c.- Unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años.
d.- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. También, si con la unidad familiar convive en la misma vivienda una o más personas en esa misma situación y que estén unidas con el titular de la hipoteca por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
e.- Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
f.- Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
Toda la polémica surgida en los últimos tiempos sobre la necesidad de hacer frente a este problema social, me ha hecho recapitular sobre los datos aparecidos en los medios de comunicación, he realizado una serie de cálculos muy sencillos y he llegado a una conclusión que viene a reforzar mi opinión de que es urgente aplicar el Presupuesto Base Cero en nuestro gasto público de forma sistemática, es decir, aplicar criterios claros para priorizar unas partidas en detrimento de otras.
En primer lugar, vamos a comprobar la magnitud del problema. El pasado 20 de noviembre, en www.elconfidencialdigital.com, se publicaba un artículo donde se concretaba el número preciso de desahucios de primera vivienda que se han producido en España en los últimos cuatro años: la cifra era de 15.000 (http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/079232/la-banca-acusa-a-los-jueces-de-jugar-sucio-con-los-desahucios).
A partir de ese dato, hagamos un cálculo muy sencillo. Supongamos que, a nivel de alguna de las múltiples Administraciones Públicas que existen -Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio, incluso Comarca en algunos territorios-, se diseñase una política destinada a dar alojamiento provisional a las familias afectadas por un desahucio originado por el impago de su hipoteca. Obviamente, habría que establecer una serie de requisitos: ante todo, fijar que los beneficiarios de tal política se han visto en dicho trance por circunstancias sobrevenidas (desempleo, quiebra empresarial...), que no tengan una vivienda alternativa en la que habitar y acreditar que carecen de medios para superar la situación a la que han llegado.
En un momento dado, es difícil que la política descrita tenga que abarcar, indefinidamente, a las 15.000 familias antes indicadas. No obstante, vamos a partir de que ese es el número de familias que se beneficiarían de dicha política y que su número no baja a lo largo de todo un ejercicio.
Vamos a suponer, a continuación, que la administración gasta 600,00 euros mensuales (dicha cantidad resulta de aplicar - redondeando al alza- el coste medio de alquiler en octubre de 2012, 7,38 €/m2 al mes - calculado en el estudio de fotocasa.es: http://www.fotocasa.es/indice-alquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx - a una vivienda de 80 m2) para alojar a las familias afectadas. Ello supondría 7.200,00 euros/año por familia. Con 15.000 familias como beneficiarias potenciales, el gasto total sería de 108 millones de euros/año.
Dicha cantidad, ¿es alta o baja? Comparemos la misma con tres partidas muy concretas que integran el gasto público total para hacernos una idea:
1.- En 2012, el coste previsto que va a suponer para las arcas públicas las distintas televisiones autonómicas estará en torno a los 850 millones de euros (http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4129433/07/12/El-coste-de-las-tv-autonomicas-superara-en-2012-los-850-millones.html).
2.- La subvención que Radio Televisión Española recibirá en 2013 será de 292,74 millones de euros - como mínimo, ya que pueden surgir imprevistos que hagan que dicha cantidad se quede corta- (http://www.expansion.com/2012/09/29/economia/1348935494.html).
3.- Para el año 2013, la transferencia prevista para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es de 266,45 millones de euros (pueden verlo en la página 202 de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Documents/LIBROAMARILLO2013.pdf).
Si comparamos el coste que podría tener una política de protección a las familias desahuciadas con el de estas tres partidas es claramente menor. Y, sobre todo, es que es difícil argumentar en qué medida las mismas satisfacen un objetivo de interés general. Más aún, dichos programas de gasto se llevan a cabo sin la fijación de objetivos claros que puedan ser evaluados a posteriori. ¿Sabemos en qué medida el gasto de la AECID ayuda al desarrollo de zonas atrasadas?¿Sabemos cuál es la finalidad a que atiende las emisiones de las distintas televisiones públicas? Sin embargo, si se protegen a las familias desahuciadas, se atendería un problema social urgente y, de paso, se movilizarían viviendas que están desocupadas.
No afirmo, taxativamente, que esa sea la política que se deba hacer. Mi reflexión apunta en otro sentido: ¿el gasto público está orientado hacia las necesidades reales del país?¿Existe un proceso en el cual se fijen los objetivos prioritarios para el año en curso?¿O, de forma meramente burocrática y rutinaria, se reproduce la estructura presupuestaria existente sin un ejercicio crítico de análisis para dilucidar la conveniencia o no del mantenimiento de determinadas partidas? Mi opinión es que la inercia guía los pasos del sector público sin que se haya definido una estrategia coherente. Como ya apunté en otra entrada, no es tanto que gastemos MÁS que en los principales países de la Unión Europea, sino que gastamos, básicamente, MAL. Una noticia aparecida en el día de hoy (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/27/economia/1354036672.html?a=d8310019d47e553a75499d0097be09df&t=1354039196&numero=), no hace más que reforzar esa impresión.
Vamos a suponer, a continuación, que la administración gasta 600,00 euros mensuales (dicha cantidad resulta de aplicar - redondeando al alza- el coste medio de alquiler en octubre de 2012, 7,38 €/m2 al mes - calculado en el estudio de fotocasa.es: http://www.fotocasa.es/indice-alquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx - a una vivienda de 80 m2) para alojar a las familias afectadas. Ello supondría 7.200,00 euros/año por familia. Con 15.000 familias como beneficiarias potenciales, el gasto total sería de 108 millones de euros/año.
Dicha cantidad, ¿es alta o baja? Comparemos la misma con tres partidas muy concretas que integran el gasto público total para hacernos una idea:
1.- En 2012, el coste previsto que va a suponer para las arcas públicas las distintas televisiones autonómicas estará en torno a los 850 millones de euros (http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4129433/07/12/El-coste-de-las-tv-autonomicas-superara-en-2012-los-850-millones.html).
2.- La subvención que Radio Televisión Española recibirá en 2013 será de 292,74 millones de euros - como mínimo, ya que pueden surgir imprevistos que hagan que dicha cantidad se quede corta- (http://www.expansion.com/2012/09/29/economia/1348935494.html).
3.- Para el año 2013, la transferencia prevista para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es de 266,45 millones de euros (pueden verlo en la página 202 de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Documents/LIBROAMARILLO2013.pdf).
Si comparamos el coste que podría tener una política de protección a las familias desahuciadas con el de estas tres partidas es claramente menor. Y, sobre todo, es que es difícil argumentar en qué medida las mismas satisfacen un objetivo de interés general. Más aún, dichos programas de gasto se llevan a cabo sin la fijación de objetivos claros que puedan ser evaluados a posteriori. ¿Sabemos en qué medida el gasto de la AECID ayuda al desarrollo de zonas atrasadas?¿Sabemos cuál es la finalidad a que atiende las emisiones de las distintas televisiones públicas? Sin embargo, si se protegen a las familias desahuciadas, se atendería un problema social urgente y, de paso, se movilizarían viviendas que están desocupadas.
No afirmo, taxativamente, que esa sea la política que se deba hacer. Mi reflexión apunta en otro sentido: ¿el gasto público está orientado hacia las necesidades reales del país?¿Existe un proceso en el cual se fijen los objetivos prioritarios para el año en curso?¿O, de forma meramente burocrática y rutinaria, se reproduce la estructura presupuestaria existente sin un ejercicio crítico de análisis para dilucidar la conveniencia o no del mantenimiento de determinadas partidas? Mi opinión es que la inercia guía los pasos del sector público sin que se haya definido una estrategia coherente. Como ya apunté en otra entrada, no es tanto que gastemos MÁS que en los principales países de la Unión Europea, sino que gastamos, básicamente, MAL. Una noticia aparecida en el día de hoy (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/27/economia/1354036672.html?a=d8310019d47e553a75499d0097be09df&t=1354039196&numero=), no hace más que reforzar esa impresión.
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