ISLANDIA: MITO Y REALIDAD (y III)

En nuestras dos entradas anteriores, explicamos el proceso por el que la deuda externa de Islandia creció de forma espectacular, cómo dicho crecimiento estuvo asociado a un aumento del tamaño de las entidades bancarias y cómo todo ello supuso un agravamiento de los peligros que acechaban a la economía de este país. Hoy, veremos cómo se materializó la crisis que tuvo lugar a finales de 2008 y qué medidas se tomaron frente a la misma.

Debemos recordar que, para que Islandia pudiera seguir manteniendo su modelo de crecimiento, era necesario que los flujos financieros desde el exterior continuaran aportando recursos a su economía. Dichos flujos se vieron interrumpidos a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. A partir de dicho momento, la percepción de riesgo cambió radicalmente. Se constató que las entidades financieras podían quebrar y, por tanto, quienes hubieran suscrito acciones y bonos emitidos por dichas entidades podían perder todos sus ahorros. Igualmente, la desconfianza entre las propias entidades sobre la propia solvencia de unas y otras provocó el colapso del mercado interbancario y la consiguiente imposibilidad de recurrir a préstamos de otros bancos para cubrir las necesidades de liquidez.

Una situación como la descrita tenía que afectar a una economía como la islandesa y a unos bancos que debían hacer frente a cuantiosos compromisos de reembolso de deudas. Un elemento adicional llevó la situación a un callejón sin salida. En momentos de falta de liquidez bancaria, el banco central puede prestar recursos a las entidades financieras para que estas no se vean abocadas a la suspensión de pagos. Pero, en el caso islandés, una circunstancia hacía inviable esta posibilidad. Como dijimos en nuestra anterior entrada, la deuda suscrita por los bancos de la isla no estaba expresada en coronas islandesas sino en euros, dólares o yenes, monedas que permitían financiarse a menores tipos de interés. El Banco Central de Islandia, lógicamente, podía emitir coronas pero su capacidad de prestar divisa extranjera quedaba limitada a sus reservas disponibles y estas eran mucho menores que los compromisos de deuda que debían afrontar las entidades bancarias.

Habiéndose producido un primer amago de crisis a principios de 2006, las favorables condiciones de liquidez existentes en los mercados en esa fecha impidieron que la sangre llegara el río. Sin embargo, con el viento en contra a finales de 2008, el drama no pudo ser evitado. En función de lo explicado en el anterior párrafo, los bancos del país no contaban con divisas suficientes para cumplir sus compromisos de deuda, de forma que la primera consecuencia de este hecho fue que el crédito interior colapsó. A continuación, las distintas entidades se lanzaron a la frenética venta de activos a largo plazo para conseguir divisas y, con ellas, poder pagar a los acreedores bancarios. Pero ello, ante la salida masiva de divisas y la nula entrada de las mismas, provocó la depreciación de la corona islandesa y, como vimos en la entrada anterior, el aumento consiguiente del volumen de la deuda externa y de la deuda asumida por los bancos expresadas en términos de moneda nacional.

A estas alturas, la inquietud sobre la banca islandesa se extendió a toda Europa y, especialmente, a Reino Unido donde una de las entidades afectadas, Kaupthing, tenía una filial que había captado un importante volumen de depósitos. Un artículo en The Guardian, publicado el 5 de octubre de 2008, hizo saltar todas las alarmas (http://inthesenewtimes.com/2008/10/05/the-partys-over-for-iceland-the-island-that-tried-to-buy-the-world/) y la retirada de fondos por parte de los ciudadanos británicos se intensificó.

Tres hechos coronaron todo este tumultuoso proceso:

1.- En primer lugar, ante la quiebra de facto de las principales entidades del país, el Gobierno islandés decidió nacionalizar el día 8 de octubre de 2008 las entidades Landsbanki y Glitnir (http://www.cincodias.com/articulo/economia/islandia-nacionaliza-banco-glitnir-asumir-ayer-control-landsbanki/20081008cdscdseco_11/) y el día 9 el Kaupthing (http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/10/09/economia/1223538640.html).

2.- En segundo lugar, el Reino Unido decidió asegurar los depósitos de los británicos en los bancos islandeses, con el fin de evitar el inicio de un proceso de pánico bancario ante los potenciales quebrantos que amenazaban a los ahorradores que habían confiado en las filiales de, sobre todo, el Kaupthing y el Landsbanki. El gobierno británico adelantó a dichos ahorradores el importe garantizado de los depósitos en la confianza de que el gobierno islandés, a posteriori, reembolsaría las cantidades anticipadas.

3.- Finalmente, tras todos estos sucesos, la economía islandesa cayó en barrena, en el contexto de una gran dificultad para poder utilizar el sistema internacional de cobros y pagos ante la escasez de divisas extranjeras disponibles. Ante los problemas para poder importar productos alimenticios y farmacéuticos, se impusieron controles en el movimiento de divisas para asegurar que la utilización de las mismas se dedicara, preferentemente, a la adquisición de productos básicos. Evidentemente, a medio plazo, también se produjo el fin de la burbuja inmobiliaria:

Fuente: Bagus, Philipp y Howden, David Deep Freeze. Iceland’s Economic Collapse. Ed. Ludwig von Mises Institute

Es, en este punto, donde hay que explicar tres de los aspectos que han suscitado apoyos a la forma de proceder de Islandia y que conviene matizar convenientemente.

1.- En primer lugar, hay que hablar del rechazo islandés a compensar los quebrantos causados en los depósitos de sus bancos captados fuera de su territorio nacional. Esta decisión afectaba a los depósitos de clientes británicos y holandeses, básicamente. Aunque el gobierno islandés llegó a un acuerdo con ambos países para devolver en un plazo de 15 años las cantidades reembolsadas a los ahorradores, dicho acuerdo fue rechazado ampliamente en un referéndum convocado en la isla el 7 de marzo de 2010 (http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/07/economia/1267916491.html). Dicho rechazo fue ratificado por una sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio, dictada con fecha del 28 de enero de 2013 (http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/28/islandia-gana-la-batalla-judicial-a-reino-unido-y-holanda-por-la-quiebra-de-sus-bancos-113770/). La negativa de los ciudadanos islandeses a pagar con sus impuestos la cuantía de los quebrantos indicados ha sido aplaudida en determinados ámbitos. Pero, según la perspectiva desde la que veamos el asunto, la cuestión puede ser más o menos razonable. Fijémonos en que no se trata de que los islandeses rechazaran cubrir con fondos públicos cualquier quebranto en los depósitos bancarios. Lo que se rechazó fue cubrir los quebrantos en los depósitos suscritos por ciudadanos no islandeses. Con independencia de que en cualquier legislación sobre quiebras bancarias o empresariales, la discriminación por motivo de nacionalidad no tiene cabida (por motivos éticos, económicos y de principios generales del Derecho), la justicia o injusticia de la medida se puede evaluar de modo más próximo a nuestra propia experiencia poniendo un ejemplo. Vamos a imaginar que ING o el Banco Espirito Santo (que, en España, no tienen personalidad jurídica propia sino que tienen el carácter de sucursal de las entidades domiciliadas en Países Bajos y Portugal, respectivamente) tienen problemas económicos y los españoles que han depositado sus ahorros en dichas entidades los pierden completamente pero los ciudadanos holandeses y portugueses, respectivamente, son resarcidos de forma que no sufren ningún quebranto. ¿Sería ello justo? De ninguna forma. Básicamente, porque, cuando una empresa atraviesa por una situación de crisis y tiene que recurrir a quitas a sus acreedores, la nacionalidad nunca es un criterio válido de discriminación. Por lo tanto, el resultado final de la salida que Islandia ha adoptado no cumple un patrón mínimo de equidad. Otro aspecto de la cuestión es cómo se debería proceder a la compensación, en qué términos y cómo debería financiarse, pero lo que no se puede hacer es defender alegremente una decisión tan altamente discutible.

2.- En segundo lugar, se encuentra la decisión de juzgar a los responsables políticos y económicos por el estallido de la crisis y sus consecuencias. Una de las personas juzgadas fue el primer ministro durante el estallido de la crisis, Geir H. Haarde. Aunque el hecho de su procesamiento fue ampliamente alabado, el resultado final sólo puede ser calificado de paupérrimo. De los cuatro cargos de los que fue acusado, fue absuelto en tres de ellos y sólo fue declarado culpable de “negligencia y mala gestión” (http://www.elreferente.es/actualidad/el-ex-primer-ministro-de-islandia-no-sera-castigado-por-la-crisis-20410), lo cual no iba asociado a pena de cárcel alguna, ya que, según la sentencia (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/23/internacional/1335190171.html), no convocó reuniones del Consejo de Ministros para analizar la grave situación financiera de la isla (!). David Oddson, que ostentaba el cargo de Gobernador del Banco Central de Islandia en el momento de la crisis y que había sido Primer Ministro desde 1991 a 2004, quedó libre de cualquier actuación judicial (!). El exdirector del gabinete del Ministro de Finanzas en el momento de la crisis, Baldur Gudlaugsson, ha sido condenado a dos años de prisión por uso de información privilegiada (es decir, por algo que no está relacionado con el origen y causas de la crisis). En relación a los banqueros (http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39532), han sido condenados dos antiguos dirigentes del Banco Byr (que, recordemos, no era uno de los bancos principales de la isla) a penas de cuatro años y medio de prisión, el expresidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson, ha sido condenado a devolver al banco una cantidad equivalente a 3,2 millones de euros y a la congelación de todos sus activos y están pendientes de juicio Jon Thorsten Oddleifsson, antiguo tesorero del Landsbanki, y Làrus Welding, exdirector general del Gitnir. Por lo expuesto, parece que el tema del enjuiciamiento a los responsables ha sido más propagandístico que efectivo. Básicamente, porque, aunque seguro que ha habido comportamientos que pueden ser objetos de algún tipo de sanción o pena, la afirmación de que la situación de Islandia fue provocada por la actuación delictiva de unas personas concretas, pocas y claramente identificables, al chocar con el sentido común y con el análisis frío de los hechos, acaba siendo demagógica. Por suerte o desgracia, para que una burbuja se materialice y alcance la magnitud vista en Islandia es necesaria la participación de miles de personas y su creencia en que sus decisiones de endeudamiento e inversión (referentes a compras de bienes inmuebles, de automóviles o de adquisición de empresas en el exterior) les va a generar, indudablemente, un beneficio, minusvalorando los elementos de riesgo presentes en ellas. Dilucidar en qué casos cada una de estas personas fue engañada, fue demasiado crédula o ingenua o, simplemente, se dejó llevar por la corriente pensando que, cuando llegaran los problemas, el gobierno o las instituciones financieras internacionales acudirían al auxilio evitando situaciones dolorosas, resulta prácticamente imposible. Antes que difundir la idea de que sólo hay unos pocos responsables (eludiendo la realidad de la responsabilidad individual de cada ciudadano), quizás fuese más positivo plantear acciones para mejorar la educación económica y financiera de la población. Ello, sin duda, sería más beneficioso de cara al futuro.

3.- Finalmente, está la idea de que en Islandia se está llevando a cabo una política económica radicalmente diferente a la aplicada en la Unión Europea y que la misma constituye una clara alternativa frente a los postulados dictados desde Bruselas (y, ¿para qué negarlo?, desde Berlín). Los procesos judiciales emprendidos (que, como hemos visto, han tenido mucho de fuego de artificio) y el inicio de un proceso de reforma constitucional aprobado en referéndum en octubre de 2012 (http://www.20minutos.es/noticia/1623980/0/islandia/constitucion/voto/), son la punta de lanza de la argumentación. En realidad, los puntos básicos de dicha reforma estaban constituidos por aspectos ajenos a la crisis y por cuestiones que no inciden en los elementos fundamentales de la misma (propiedad pública de los recursos naturales, convocatoria de referendos populares y necesidad o no de la existencia de una Iglesia nacional). Tan claro resultaba que todo ello no se encaminaba a reconstruir o fortalecer los fundamentos esenciales de la prosperidad que, aunque las diversas cuestiones planteadas fueron aprobadas con un apoyo entre el 56 y el 81%, la participación fue inferior al 50% (es decir, la población no sintió mayoritariamente que los temas planteados fueran, realmente, de una gran importancia). Pero si entramos en los detalles concretos de la política económica, las dudas son aún mayores. Sobre todo, si revisamos lo que dice el blog Studio Tendra (escrito por Baldur Bjarnason, islandés que dirige un negocio de diseño de páginas web y que, actualmente, se encuentra afincado en Reino Unido), en una entrada del 29 de diciembre de 2012 (http://studiotendra.com/2012/12/29/what-is-actually-going-on-in-iceland/) y que ha generado el suficiente impacto como para que haya sido reproducida en www.nakedcapitalism.com. Según la misma, muchas de las impresiones que existen sobre la política económica islandesa (y que se han constituido en mitos para movimientos como Occupy Wall Street) no corresponden a la realidad. Bjarnason considera que, en realidad, Islandia ha seguido las recomendaciones del FMI más allá de lo razonable. Así, tras la nacionalización, las entidades financieras pasaron, en un plazo de quince meses, a ser propiedad de sus acreedores, de forma que no se ha llegado a implantar una reforma financiera de calado (en este sentido, el paralelismo con el caso español es evidente, ya que tampoco en nuestro país se ha cambiado el marco legal con el fin de impedir el tamaño desmesurado de las entidades bancarias: http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/12/y-como-va-esto-lo-de-la-piramide-quiero.html). Igualmente, ello ha supuesto el fin de buena parte de las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre fraude, evasión fiscal y otros delitos. Tras criticar el excesivo poder que la banca ha recuperado sobre el Parlamento local, llega a calificar a la senda por la que se encaminado su país como “el sueño húmedo del thatcherismo”. Más allá del carácter de la política económica que ha adoptado Islandia, los propios resultados del país, según los datos que vimos en la primera entrada de la serie (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2013/03/islandia-mito-y-realidad-i.html), tampoco son tan brillantes ni espectaculares como nos pueden querer hacer pensar. El crecimiento económico no ha llegado a superar (ni se espera que supere en los próximos años) el 3% y se sitúa, en torno, al 2,5%. Pueden parecer unas cifras satisfactorias en relación a las de otros países pero partiendo de que en el período 2009-2010 la caída del PIB fue superior al 10%, un crecimiento tan modesto no puede ser considerado como un ejemplo a seguir de forma incondicional. En cuanto a la tasa de desempleo, que alcanzó un pico del 9,2% en abril de 2011, descendió hasta el 5,7% en diciembre de 2012. Aunque ello sigue siendo superior al 1,4% que se alcanzó en noviembre de 2007, lo verdaderamente significativo es que ello no refleja el impacto real de la crisis en el mercado de trabajo. Según explica el libro Deep Freeze. Iceland’s Economic Collapse (http://www.hayek.sk/wp-content/uploads/2012/12/deep_freeze.pdf), el crecimiento en la etapa de expansión se reflejó, sobre todo, en un incremento de las horas extraordinarias. Cuando la economía entró en recesión, el efecto de la misma sobre el bienestar no se tradujo en un aumento del desempleo sino en una pérdida de salarios vía realización de menos horas extraordinarias.

La conclusión que podemos sacar es que, en contra de lo que se puede pensar, el margen para la política económica en cualquier país es menor del que parece. El motivo de ello es el enorme problema de endeudamiento que padecen las distintas economías occidentales. Es difícil que los estados lleven a cabo políticas fiscales expansivas porque partían de saldos presupuestarios ajustados y, en algunos casos, con superávits puramente ficticios. Los agentes privados (tanto empresas como familias) tienen que afrontar, sin que haya otro remedio, una reducción de sus abultados niveles de deuda. Y, en ese contexto, resulta complicado utilizar los déficits como vía de estímulo ya que resulta difícil captar recursos de unos inversores que tienen dudas sobre la solvencia de un número creciente de países. Por otro lado, los tipos de interés están históricamente bajos por lo que la política monetaria tampoco tiene mucho margen para impulsar la actividad económica. Seguir pensando en recurrir a las variables financieras para reanimar artificialmente el PIB es ya un camino agotado. Tanto Islandia como el resto de países desarrollados tienen que poner el énfasis en las políticas de oferta, en la economía real y en las medidas de reforma estructural. El problema es que este tipo de actuación sólo genera efectos en el medio y largo plazo. Y, mientras tanto, padecemos unas circunstancias especialmente graves. En ese dilema estamos y no será fácil salir de él. Pero autoengañarse y crear falsos mitos (como está ocurriendo con el caso islandés) no nos va a ayudar a salir de la encrucijada.