El motivo de que iniciáramos esta
sección de MATRI(HISPANI)X no es únicamente el poner en evidencia la falta de
rigurosidad de la que nuestros políticos y nuestros medios hacen gala cuando analizan
la realidad. Hay una consecuencia importante de ello que se refiere a la
incapacidad asociada a dicha falta de rigurosidad para definir planes realistas
y para valorar correctamente determinadas decisiones y medidas de política
económica. Hoy, vamos a ver dos ejemplos.
El primero, se refiere al Plan de
Reactivación del Empleo presentado por el líder de la oposición y Secretario
General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 5 de mayo de 2013 (http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2013/05/05/ebf5846ab0f5b6b831cb0e05a3ebd048.pdf).
El mencionado Plan propone, entre otras, una serie de medidas consistentes en
crear un Fondo Público de 20.000 millones de euros para la financiación de las
empresas, fomento del autoempleo y la
iniciativa emprendedora y para la internacionalización de las empresas,
desarrollar un programa de reestructuración de la deuda hipotecaria para la primera
vivienda de las familias y un Programa Extraordinario de Mantenimiento del
Empleo, consistente una moratoria de los despidos por causas económicas
durante, 2013, 2014 y 2015. Por este último Plan, a las empresas en dificultades
que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optaran por reducir la
jornada laboral, se aportarían fondos públicos de forma que el trabajador que
mantuviese su puesto de trabajo vería reducido su sueldo en la parte que se
redujese la jornada y, en relación el resto de su salario, su coste quedaría
repartido a partes iguales entre el Estado y la empresa (el Estado asumiría el
60% para el caso de trabajadores mayores de 50 años). La cuestión,
evidentemente, es cómo financiar todas estas medidas y, entonces, se proponen
dos medidas distintas. Por un lado, desde el punto de vista fiscal, se propone una
reforma fiscal (aunque no se indica expresamente, lo que se plantea es una
subida de impuestos) y luchar contra el fraude (no se dice cómo se va a hacer,
sólo se dice que aumentarán los recursos destinados a la lucha contra el fraude
y la evasión fiscal y que se creará una Oficina integral de lucha contra el
fraude). Por otro (y aquí está el motivo de que este Plan aparezca en este
sección), se plantea el disponer de
recursos que “procedan de la línea de crédito abierta en el MEDE”
(Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera: http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/06/la-insoportable-levedad-de-los.html),
“por importe de 100.000 millones de euros, de la que quedan disponibles 60.000
millones de euros” (el cálculo era disponer de 30.000 millones de euros). Es ya
curioso que estando Alfredo Pérez Rubalcaba, hace once meses, más o menos
crítico con el rescate (http://www.elplural.com/2012/06/10/rubalcaba-no-estamos-seguros-de-que-no-haya-condicionantes-economicas-y-fiscales/),
ahora proponga la línea de crédito asociada a dicho rescate como medio para
mejorar las cifras de empleo, pero lo verdaderamente lamentable es que, menos
de 24 horas después de la presentación del Plan, la Comisión Europea se mostrara tajante frente al mismo: el dinero del
rescate no puede usarse para el Plan de empleo propuesto por el PSOE. La
respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a la Comisión fue que “no conteste sin
pensar” y que “escuche lo que proponen los socialistas porque es tiempo para la
humildad”. Mi opinión es que también es tiempo de no hacer brindis al sol y
proponer medidas que se sepa que se pueden llevar a la práctica y no plantear
planes sobre los que nadie se ha asegurado mínimamente que puedan ser
ejecutados. Pero así están las cosas.
El segundo tema que vamos a
tratar en la sección es una noticia de Voz
Populi, publicada el pasado 6 de mayo de 2013: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/24905-bankia-ncg-y-cx-sacan-los-colores-al-plan-de-la-sareb-preven-vender-el-doble-de-casas.
Según la misma, Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa estarían sacando los
colores al plan de negocio de la SAREB (es decir, el llamado “banco malo”).
Mientras que la SAREB carezca de la estructura necesaria, serán las entidades
que han traspasado activos a la misma las que se encargan de comercializar los
inmuebles traspasados. Según la noticia, aunque la SAREB prevé en el actual
ejercicio la venta de unos 7.500 inmuebles, “el nivel de transacciones podría
estar cerca de duplicarse si se mantiene el ritmo de venta de viviendas
en estas tres entidades nacionalizadas”. Una fuente del periodista afirma que “la
SAREB podría deshacerse de un mayor volumen de pisos en estos tres años si
aplicara en las ventas los mismos descuentos a los que adquirió estos activos a
las entidades nacionalizadas”. ¿De dónde proviene esa fuente? Pues DEL SECTOR
INMOBILIARIO. ¡¡Acabáramos!!. Por supuesto, alguien que proviene del sector
inmobiliario, con su habitual mentalidad cortoplacista y con una
despreocupación casi sistemática por el interés general, lo que desea es que
aumenten las ventas (y las correspondientes comisiones) sin que llegue a
plantearse cuál es la filosofía de fondo de la SAREB (y el periodista tendría
que haber advertido ese hecho y no haber redactado la noticia sin recoger,
antes, otro punto de vista). Porque si la SAREB (con una participación pública
próxima a la mitad) vende los pisos al mismo precio que los ha comprado, no
obtendrá rentabilidad alguna por la transacción. Y la idea es que el dinero
aportado en última instancia por los contribuyentes consiga algún beneficio por
los recursos aportados en una operación (la del “banco malo”) que conlleva sus
riesgos.
Pero es que, además, tampoco se
trata de malbaratar los inmuebles y venderlos en un corto período de tiempo. Para
ESTABILIZAR (repito, ESTABILIZAR) el mercado de la vivienda, es necesario
evitar que se desplomen los precios para que la construcción se reanime y,
cuando se produzca la recuperación, ir vendiendo los inmuebles para evitar que
los precios se vuelvan a disparar como sucedió en la anterior burbuja. En una
comparación que hemos realizado alguna vez, la SAREB sigue el mismo esquema que
cuando, como medida de política agrícola, un ente regulador adquiere excedentes
de un determinado producto (leche, vino, aceite…) para evitar que se derrumben
los precios. Lo que no hace ese ente regulador es vender inmediatamente esos
excedentes para librarse de ellos sino que va dosificando las ventas para
impedir que los precios aumenten excesivamente. Eso es lo mismo que debe hacer
la SAREB y quien escriba sobre ello tiene que tenerlo mínimamente claro.
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