Como probablemente sabrán, el
Gobierno español ha presentado recientemente una reforma fiscal, de complicada
evaluación y dudosa eficacia (http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2014/06/23/reformafiscal_2306.pdf).
Como esta cuestión es ardua, compleja, requiere de un análisis pormenorizado y,
sobre todo, es inseparable del tema del gasto público, es conveniente empezar
viendo aspectos relacionados con esta segunda vertiente con el fin de entender
con mayor claridad lo que debemos decir en relación a los impuestos.
Esta serie que empezamos hoy, se
va a componer de las siguientes partes:
1.- TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO.
2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR PÚBLICO.
3.- EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA.
4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Por lo tanto, hoy empezaremos con
el primer apartado, donde hablaremos de la visión que del tema tenían la
Escuela Clásica, la Escuela Neoclásica, la Escuela Historicista, la Escuela Socialista, el
Keynesianismo, el Monetarismo, la Escuela Austríaca, la Escuela de la Economía de la Oferta y la Escuela de la Public Choice.
1.- TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL SECTOR PÚBLICO.
En principio, podría parecer un
ejercicio poco práctico revisar las diferentes teorías que se han propuesto
para indicar cuál debería ser el papel del sector público en la economía. Sin
embargo, dichas teorías han acabado influyendo, de uno u otro modo, en la forma
en que se ha ejecutado la política económica y, aún hoy, se sigue haciendo uso
de ellas para defender una u otra postura a la hora de proponer distintas
medidas a aplicar por los gobiernos. Como John Maynard Keynes escribió en la Teoría General, “los hombres prácticos,
que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son
generalmente esclavos de algún economista difunto”. Como veremos, muchos
economistas difuntos todavía sirven de inspiración para la mayoría de opiniones
que se intercambian en los parlamentos y en los medios de comunicación.
A.- LA ESCUELA CLÁSICA
Monumento a Adam Smith en la Royal Mile de Edimburgo
A la Escuela Clásica se le suele
atribuir el origen de las doctrinas que propugnan una intervención mínima del
gobierno en la economía. Adam Smith (1723-1790) en La Riqueza de las Naciones (1776) – publicada en español por
Alianza Editorial con traducción de Carlos Rodríguez Braun en 1994 -, lo
enunciaba muy claramente. Según el economista escocés, las funciones del
gobierno se limitaban a los siguientes puntos:
1.- “El primer deber del
soberano” es “es del de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de
otras sociedades independientes”.
2.- “El segundo deber del
soberano” es “el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la
sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma,
o el deber de establecer una administración exacta de la justicia”.
3.- “El tercer y último deber del
soberano o el estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras
públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin
embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría al coste en el
caso de ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no
puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a
construir o mantener”.
Es decir, para Adam Smith, las
funciones del gobierno se reducían a la defensa frente al exterior, el orden
público y la justicia y, en lo que se refiere al tercer punto, las obras
públicas y la educación (que eran los dos aspectos explícitamente mencionados
por Smith).
Una cuestión que quedaba abierta
pero que Smith planteaba en un famoso párrafo de su obra, era la posibilidad de
que los empresarios llegaran a acuerdos que desvirtuaran la libre competencia
entre ellos. Así, el economista escocés afirmaba que “es raro que se reúnan
personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la
conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna
estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales
reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la
justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo
negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas
agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias”. Habría que esperar más
de un siglo antes de que esta preocupación se concretara en medidas de carácter
práctico.
Para cumplir con las funciones
antes comentadas, el gobierno debía aplicar un presupuesto equilibrado, en el
que los gastos no fueran superiores a los ingresos y, en consecuencia,
desaconsejaba taxativamente la emisión de deuda como medio para financiar el
gasto público.
Estos postulados se mantendrían
inalterados durante varias décadas. David Ricardo (1772-1823), en sus Principios de Economía Política (1817)
argumentó que sólo la aplicación estricta de los principios de libre mercado,
con la eliminación de cualquier traba impuesta por las entidades gremiales y la
abstención por parte del gobierno de cualquier medida de tipo proteccionista en
relación al comercio exterior, serviría para retrasar lo máximo posible la
llegada de un “estado estacionario” que sus razonamientos consideraban
inevitable.
David Ricardo
No obstante, en el desarrollo de
la Escuela Clásica surgirían una serie de cuestiones que matizarían el
principio básico de “no intervención de los gobiernos” o, como mínimo,
mostrarían contradicciones en el libre funcionamiento del sistema económico que
permitían deducir que algún tipo de intervención podía estar justificado:
a.- En primer lugar, hay que
mencionar la obra de Thomas Malthus (1766-1834). En su Ensayo sobre la población (1798), estableció su famosa tesis de que
mientras los recursos crecen en progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5…), la
población lo hace en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16…), de forma que era
inevitable un problema general de
sobrepoblación. Por otra parte, frente a los postulados dominantes de
la Escuela Clásica, Malthus admitió que podía haber un problema de insuficiencia de la demanda global, lo cual fue
reconocido por el propio Keynes como un antecedente de sus teorías.
Thomas Malthus
2.- Añadida a las dos vertientes
apuntadas por Malthus, está el debate desarrollado en la primera mitad del
siglo XIX (y cuyas posiciones enfrentadas distan menos de lo que parece de las
que se mantienen hoy día) en relación a la gestión
de la política monetaria. Los problemas surgidos por el desarrollo de
la economía bancaria y el uso de los billetes como medio de pago, entre los que
figuraban el alza de la inflación y las quiebras bancarias, dieron lugar a dos
corrientes que proponían vías diferentes para la solución de los mismos: la banking school y la currency school. La currency
school proponía una rígida equivalencia entre los billetes emitidos por los
bancos y las reservas de oro que estos mantenían mientras que la banking school defendía que sería la
gestión adecuada por parte de un banco central que supervisase al conjunto de
bancos privados la que solucionase los problemas asociados al desarrollo de una
economía bancaria. Hay que observar que, en uno y otro caso, el dilema no es
única y exclusivamente decidir entre libre mercado o intervención pública sino,
en un sentido más profundo, decidir qué tipo de intervención practicar. Porque
si, en el segundo caso, existía un margen de discrecionalidad por parte del
banco central sobre cómo ejecutar sus funciones, en el primero se asumía que
existía una relación fija entre el
oro y la unidad monetaria considerada (en el debate planteado, obviamente, era
la libra esterlina). Cabría preguntarse si tiene sentido dotar de un carácter
“sagrado” a la relación fija indicada ya que, en un mercado libre, lo natural
sería que la misma fluctuase. Es decir, en última instancia, optar por una u
otra vía sería decidir por un tipo de intervención u otro. Aunque este debate
pueda parecer algo lejano, las discusiones sobre las bondades o no del patrón
oro y de los tipos de cambio fijos o de los tipos de interés variables siguen
el mismo esquema que las que mantuvieron la currency
school y la banking school en la
primera mitad del siglo XIX.
3.- Finalmente, cabe mencionar la
obra de John Stuart Mill (1806-1873), quien fue el principal autor que
introdujo en la Escuela Clásica la inquietud sobre la distribución de la renta. Compartiendo con David Ricardo la
teoría del “estado estacionario”, Mill defendía que, llegados a ese punto, en
el que la producción total ya no podría crecer más, podría plantearse mejorar
la distribución de la renta existente en la sociedad a través, por ejemplo, de
medidas fiscales tales como impuestos que supusieran un alto gravamen sobre las
herencias.
John Stuart Mill
Aun cuando el grado de desarrollo
técnico de las reflexiones sobre la intervención del sector público en la
economía no alcanzaron la sofisticación que, posteriormente, llegarían a tener,
la realidad es que buena parte de las cuestiones que serían objeto de estudio
en las siguientes escuelas que veremos ya estaban presentes en la Escuela
Clásica: la asignación de recursos para funciones que se consideran inherentes
al gobierno, la influencia de los instrumentos de política monetaria en la marcha
del ciclo económico y los problemas derivados de la distribución de la renta.
(La gran novedad que introduciría el keynesianismo sería la posibilidad de
utilizar el déficit público como herramienta para suavizar el impacto de las
recesiones, algo que no estaba presente en la Escuela Clásica, en la que sólo
Malthus, como hemos visto, se llegó a plantear la posibilidad de un problema de
insuficiencia de la demanda global).
B.- LA ESCUELA NEOCLÁSICA
Frente a la Escuela Clásica, que
abordó el estudio de las grandes tendencias del sistema económico, la Escuela
Neoclásica se centró en el análisis de las motivaciones individuales de los
agentes económicos y en la forma en que la conjunción de las decisiones de
todos ellos daba lugar a la determinación de los precios y las cantidades por
las que los bienes era intercambiados en los mercados. Si la Escuela Clásica
defendió una teoría del valor-trabajo (los bienes valían según la cantidad de
trabajo incorporada a los mismos), el enfoque de la Escuela Neoclásica llevó a
la defensa de una teoría del valor-utilidad, es decir, el valor de los bienes
depende de la utilidad que incorporan para el consumidor.
Al igual que la Escuela Clásica,
la Neoclásica piensa que los mercados tienden al equilibrio de modo automático
y, en consecuencia, es indeseable cualquier tipo de interferencia del gobierno
ya que lo único que serviría era para alejar a los mercados de su posición de
equilibrio natural.
Si los principales representantes
de la Escuela (el británico Jevons, el austríaco Menger – padre, a su vez, de
la Escuela Austríaca de Economía- y el francés Walras) coincidieron en los
puntos esenciales que antes hemos expuesto, a partir del británico Alfred
Marshall (1842-1924) la Escuela de Cambridge empezó a estudiar los denominados
“fallos de mercado”, es decir, aquellas situaciones en las que el libre mercado
no alcanzaba los resultados óptimos que la teoría preveía. En gran medida, los
casos que fueron contemplados tendían a coincidir con los que vimos que la
Escuela Clásica indicaba pero los mismos fueron mejor definidos y desarrollados
desde el punto de vista técnico.
Alfred Marshall
Los ejemplos más importantes de
“fallos de mercado” son los siguientes:
1.- Existencia de bienes públicos
y semipúblicos.- Hay determinados bienes para los que no es posible individualizar
la demanda por usuario. El caso típico es la defensa nacional, los servicios de
seguridad policiales o las vías públicas de libre acceso. Una vez que hay un
ejército o una policía o hay una red de vías públicas, todos los ciudadanos se
benefician automáticamente de los servicios que prestan por lo que no es
posible cobrar un precio por lo que podríamos denominar cada unidad del bien.
Ello significa que los criterios de libre mercado no se pueden aplicar a
servicios públicos de este tipo por lo que los mismos no se financian mediante
el precio asignado a los mismos sino mediante impuestos y hay que fijar cómo se
distribuye la carga fiscal. Ello entra en un área completamente distinta a la
que corresponde a los criterios de libre mercado.
2.- Existencia de economías
externas.- Este es uno de los casos más importantes que conducen a
intervenciones del sector público. Se refiere a bienes cuyo consumo tiene
impacto positivo o negativo en otros agentes económicos. En caso de impactos
económicos positivos, se denominan economías externas positivas. En caso de
impactos económicos negativos, se denominan economías externas negativas. Casos
típicos de economías externas positivas son la sanidad, la educación o el
transporte público. El caso más evidente de economía externa negativa es la
contaminación. En el primer caso, la prestación de servicios sanitarios, la
formación e instrucción de los ciudadanos o la existencia de redes y servicios
de transporte público no sólo benefician a los usuarios directos de dichos
bienes sino a todos aquellos que obtienen ventajas de poder disponer de
personas adecuadamente formadas, con buena salud y que se pueden mover de un
lugar a otro con facilidad. Por ello, si estos bienes se comercializaran según
los criterios de libre mercado, el nivel producido sería inferior al que
resultaría óptimo para el conjunto de la economía. En consecuencia, se hace
necesaria una intervención pública para que dicho nivel alcance la cantidad
óptima requerida. En el caso de las economías externas negativas, la mecánica
es la contraria. Si, por ejemplo, una empresa vierte residuos tóxicos a un río
o emite sustancias contaminantes a la atmósfera, ello lleva a la degradación de
otros bienes que, sin embargo, no se imputan como coste a la empresa
contaminante a menos que haya una intervención pública. En consecuencia, las
economías externas o externalidades pueden hacer necesaria la intervención del
gobierno para corregir los fallos de mercado que las generan.
3.- Existencia de barreras de
entrada que impiden la libre entrada de empresas en el mercado.- A la hora de
evaluar la bondad del sistema de libre mercado, tanto la Escuela Clásica como
la Neoclásica parten de que cualquier empresa puede acceder a cualquier sector
para suministrar el bien o servicio que es propio al mismo. De este modo, si en
dicho sector se alcanza un nivel de beneficios por encima de la media, la
entrada de nuevas empresas hará aumentar la producción del bien correspondiente,
de forma que ello durará hasta que el nivel de beneficios sea similar al del
resto de sectores. Esta mecánica impediría que hubiera sectores con beneficios
ostensiblemente superiores a la media. Sin embargo, basta ver la realidad para
comprobar que ello no es así. En ocasiones, resulta difícil o prácticamente
imposible entrar en un determinado sector por la existencia de barreras de
entrada (necesidad de un elevado volumen de inversiones para entrar en el
mercado, posesión por una empresa de la fuente esencial de materias primas para
la fabricación de un producto, acuerdos entre empresas para impedir la entrada
de competidores…), favoreciendo ello la existencia de monopolios u oligopolios
con capacidad para imponer precios más elevados al consumidor y, por tanto, con
la posibilidad real de obtener beneficios claramente superiores a la media. Por
ello, vuelve a ser necesaria una intervención del sector público para corregir
esta situación y conseguir que se alcancen los resultados propios de un libre
mercado. En la actualidad, la existencia de organismos gubernamentales que
tienen como fin la defensa de la competencia es una consecuencia del
planteamiento que hemos explicado (en España, el Tribunal de Defensa de la
Competencia, ahora denominado Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, ha sido el organismos que ha cumplido tradicionalmente con dicha
función).
4.- Existencia de información
asimétrica entre los agentes que intervienen en el mercado.- Todas las
investigaciones en relación al libre mercado y lo que en la teoría económica se
denomina “competencia perfecta” siempre concluyen en la necesidad de que todos
los intervinientes en el mercado tengan la misma información con el fin de
alcanzar los resultados óptimos que los modelos teóricos prevén. Obviamente, no
siempre ello es así. En los mercados financieros, por ejemplo, las entidades
que comercializan sus productos siempre suelen tener mejor conocimiento que sus
clientes en relación a las circunstancias y condiciones de la situación, lo
cual deriva muchas veces en consecuencias indeseadas para los inversores que
colocan sus ahorros en instrumentos cuyo comportamiento posterior dista
sustancialmente del esperado. Por ello, suelen establecerse los llamados
reguladores de los mercados que buscan que todos los agentes intervinientes
tengan la misma información y nadie pueda obtener beneficios de la posesión de
datos que no están a disposición de todos los participantes en las diferentes
transacciones. En España, por ejemplo, en relación a los mercados financieros,
existe la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que busca que tiene
como fin el que no existan asimetrías en la información disponible en la Bolsa
y en los restantes mercados financieros. Otro fenómeno también parcialmente
relacionado con la asimetría de la información es el de la emigración. Muchas
veces, los flujos migratorios surgen como consecuencia de la sobrevaloración
que hacen los emigrantes de sus posibilidades de encontrar trabajo en los
países de destino. Por ello, el establecimiento de políticas migratorias se
suelen justificar también sobre esta idea.
Si observamos los distintos casos
que hemos expuesto, veremos que guardan un evidente paralelismo con las
intervenciones consideradas como justificadas por Adam Smith. La definición de
bienes públicos tiende a coincidir con lo comentado por el economista escocés
en relación a la defensa y el orden público. Igualmente, lo comentado sobre las
externalidades es equiparable a los argumentos que antes hemos visto sobre las
obras públicas y la educación. Igualmente, la justificación de la intervención
pública en materia de defensa de la competencia y de eliminación de la
información asimétrica puede tener su remoto antecedente a lo comentado por
Smith sobre las “reuniones de los empresarios”.
Por tanto, la gran virtud de la
Escuela Neoclásica fue sistematizar los motivos en los que era justificable la
intervención pública, encuadrando la misma dentro de la propia teoría diseñada
y ampliando los posibles casos en los que aquella podía tener fundamento.
En realidad, tanto la Escuela
Clásica como la Neoclásica desarrollaron sus teorías en el contexto de unas
economías que estaban experimentando las mayores tasas de crecimiento de la
historia de la humanidad, con un auge nunca antes conocido de la
industrialización y de la urbanización y, por tanto, los diferentes autores se
centraron en explicar el proceso por el que dichos fenómenos estaban teniendo
lugar más que en estudiar posibles mecanismos correctores a los elementos
disfuncionales que pudieran existir. De hecho, las escuelas que veremos en la
siguiente entrada desarrollaron sus postulados sobre la base de algunos de los
problemas y contradicciones asociados al proceso económico que estaba teniendo
lugar y que parecían justificar un mayor grado de intervención de los gobiernos
que el que defendían las escuelas estudiadas.
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